El dictador de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, firmó este domingo un decreto para ceder, en caso de emergencia, el poder al Consejo de Seguridad, un órgano consultivo integrado por altos funcionarios, informó hoy la agencia oficial BELTA.

El líder bielorruso da este paso después de haber acusado a EEUU de preparar un golpe de Estado en la antigua república soviética.

El decreto sobre la “protección de la soberanía y el orden constitucional” rubricado por el mandatario establece el traspaso del poder a este órgano en cuatro casos.

Se trata de “la muerte del jefe de Estado como consecuencia de un intento de asesinato, la comisión de un acto de terrorismo, una agresión externa u otras acciones violentas”, según BELTA.

Si ocurriese uno de estos supuestos, “todos los órganos estatales y sus funcionarios actuarán de conformidad con las decisiones del Consejo de Seguridad, cuyas reuniones preside el primer ministro”.

Al mismo tiempo se introduciría inmediatamente el estado de emergencia o la ley marcial en el territorio bielorruso y el Consejo de Seguridad determinaría cómo garantizar estas medidas.

Las decisiones de este órgano son vinculantes para todo el mundo y sujetas a una “implementación incondicional”.

El Consejo de Seguridad podrá además decidir sobre la convocatoria de elecciones con la participación de los gobernadores.

Lukashenko, en el poder desde 1994, adelantó en abril que el consejo adoptará las decisiones por votación “secreta” para evitar presiones externas.

Este órgano incluye, además del primer ministro, a los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, al fiscal general, a los ministros de Defensa e Interior, al jefe del KGB, al gobernador del Banco Central, al jefe del Estado Mayor del Ejército o al hijo mayor de Lukashenko, Víctor, como asesor de seguridad nacional.

El dictador bielorruso, que reprimió en 2020 las multitudinarias protestas contra el fraude en las elecciones presidenciales, denunció a mediados de abril una supuesta trama patrocinada por EEUU, que incluiría su asesinato y el de sus hijos.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) aseguró seguidamente de que había ayudado a prevenir un golpe de Estado en Bielorrusia.

Lukashenko sostiene que los organizadores del golpe barajaban varias opciones: asesinarlo con ocasión del 9 de mayo, cuando se celebra la victoria sobre la Alemania nazi; un ataque contra su cortejo; o el disparo de un francotirador cuando el presidente estuviera descansando en la dacha presidencial.

Nueve personas han sido imputadas en el caso penal abierto por el KGB bajo el artículo 357 del Código Penal bielorruso (conspiración u otras acciones cometidas para tomar el poder del Estado).

infobae

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