En arresto domiciliario, aislada del mundo y con varias acusaciones a sus espaldas, la ex dirigente birmana Aung San Suu Kyi inicia este sábado su cuarto mes de detención desde el golpe de Estado militar contra su gobierno.

La premio Nobel de la Paz en 1991, que se encuentra bien aunque ha adelgazado bastante, según sus abogados, no ha sido vista en público desde su arresto el 1 de febrero.

Presintiendo lo que preparaban los militares, Aung San Suu Kyi, de 75 años, instó a la población a “no aceptar” el golpe. Y fue escuchada.

Desde hace tres meses y pese a una cruenta represión de la junta, las manifestaciones recorren el país; una importante campaña de desobediencia civil, con miles de trabajadores en huelga, paraliza sectores enteros de la economía; y los opositores, ahora clandestinos, han formado un gobierno de resistencia.

El sábado, pequeños grupos de manifestantes salieron de nuevo a las calles pero las protestas no duraron mucha debido al miedo a las represalias. En Rangún, desplegaron una pancarta en la que se leía: “Solo la verdad triunfará”.

Varios explosivos de fabricación artesanal estallaron en la ciudad, según testimonios recabados por la AFP. Estos ataques, que no son reivindicados, acentúan el sentimiento de inseguridad que reina en la ciudad.

“Ellos [los militares] hacen que la población viva con miedo, está bien presionarlos a ellos también”, declaró a la AFP, pidiendo el anonimato, un habitante del barrio residencial de Yankin, donde se produjo una de esas explosiones. También se registraron protestas en otros puntos del país, como en Monywa (centro) o Dawei (sur).

Miles de refugiados en Tailandia

Los enfrentamientos entre militares y facciones étnicas de las regiones fronterizas del norte y del este tampoco ceden. Estos grupos, que aúnan a muchos opositores a la junta que huyeron, retomaron las armas estas últimas semanas.

Según la ONU, en el este, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la facción rebelde Karen dejaron más de 30.000 desplazados.

“Soldados birmanos lanzaron un bombardeo aéreo, tirando sobre todo cohetes”, indicaron en un comunicado las autoridades de la provincia tailandesa de Mae Hong Son. Más de 2.300 birmanos cruzaron el río que marca la frontera para refugiarse en Tailandia, según la misma fuente.

Además, se escucharon disparos de artillería el sábado cerca de Bhamo, en el estado de Kachin (norte), dijo a la AFP un trabajador humanitario. En los últimos días, el ejército ha intervenido en esta región contra los combatientes del Ejército por la Independencia Kachin (KIA).

Suu Kyi, sin acceso a la información

Pero tras los muros de la residencia de la capital birmana, Naipyidó, donde está detenida Suu Kyi, a la exlíder se la mantiene al margen de toda esta violencia y disturbios. Probablemente no tenga “acceso a la información ni a la televisión. No pienso que esté al corriente de la situación actual”, dice Min Min Soe, una de sus abogadas, a la AFP.

Cerca de 760 civiles, entre ellos menores y mujeres, han muerto tiroteados por las fuerzas de seguridad en los últimos tres meses y 3.500 están detenidos, según una oenegé local.

Los generales, que se enfrentan a la condena internacional, aprovechan las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este adoptó el viernes una declaración unánime exhortando a que se aplique el plan de “cese inmediato de la violencia” de la Asociación de Naciones de Asia del Sureste (Asean). Pero China y Rusia, aliados de los militares birmanos, no irán más lejos.

La ONU también pidió de nuevo la liberación de todos los detenidos, pero la junta sigue intensificando su ofensiva judicial contra Aung San Suu Kyi, acusada sobre todo de haber violado una ley sobre los secretos de Estado. Podría ser inhabilitada políticamente o condenada a una larga pena de prisión.

Aung San Suu Kyi ya pasó 15 años en arresto domiciliario tras la sublevación popular de 1988. Fue liberada definitivamente en 2010 y ganó las elecciones cinco años después.

La imagen internacional de la líder birmana se deterioró notablemente cuando centenares de miles de musulmanes rohinyás huyeron en 2017 a Bangladés debido a los abusos del ejército. La líder no condenó este drama y negó cualquier “intento de genocidio” por parte de los militares.

Algunos le reprochan haber cedido demasiado, lo que permitió a los generales conservar un gran control del país y de sus recursos, como las minas de jade y rubíes y los yacimientos de gas y petróleo.

Y estas concesiones no bastaron a los militares. El 1 de febrero depusieron a Aung San Suu Kyi, alegando fraudes en las legislativas de 2020, que el partido de la líder, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganó ampliamente.

Con información de AFP

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