La destrucción de la costa norte de Ecuador es tan grande tras el terremoto que sacudió al país el sábado pasado —más de 500 muertos y por encima de 20.000 desplazados— que el presidente Rafael Correa ha dispuesto que los trabajadores ayuden con su sueldo a financiar la reconstrucción y que se suba el IVA durante un año. La desesperación por la falta de ayudas invade a muchos afectados.
A los empleados que ganen 1.000 dólares (876 euros) se les descontará un día de sueldo durante un mes; a los que ganen 2.000 dólares, un día de sueldo durante dos meses y así sucesivamente hasta un máximo de cinco meses para los que ganen 5.000 dólares mensuales.
Las medidas se amparan, según el presidente, en el estado de excepción declarado en el país durante 60 días para hacer frente a la catástrofe. Los trabajadores también contribuirán con un 3% de los beneficios de la empresa que reciben anualmente. En Ecuador, las firmas del sector privado deben compartir por ley un 5% de sus ganancias anuales con sus plantillas. Aún no se sabe sobre quién recaerá ese ajuste del 3%. Además, se elevará el IVA del 12% al 14% durante un año.
Mientras tanto, el reparto de las ayudas empieza a desesperar a los afectados por el seísmo del pasado sábado. Los lamentos y quejas de quienes duermen al raso no dejan de llegar. Los afectados por el terremoto salen a las carreteras y a las afueras de las ciudades para pedir ayuda directamente a los ciudadanos solidarios que siguen viajando a la costa para entregar sus donaciones sin intermediarios.
El problema, cuentan, es que el protocolo es tan rígido que la ayuda no se mueve con rapidez. Las donaciones se recogen en las sedes del Ministerio de Inclusión Económica y Social en todo el país, se embarcan en camiones que salen en caravana y con escolta policial o militar, por tres rutas seguras identificadas por el Ministerio de Interior, hasta llegar a las zonas devastadas. Entonces son los militares los que reciben el cargamento en los albergues instalados, se clasifica , se reparte en kits familiares y se distribuye a la población. Es la única forma de evitar los abusos, los robos y el reparto desproporcionado.
La distribución de ayudas, de la que se encarga exclusivamente el Ejecutivo, se ha extendido de la zona cero al resto de pueblos y ciudades que siguen sin luz, sin agua corriente y sin una tienda donde comprar lo necesario para vivir. Todo este peregrinaje organizado para el reparto de agua y víveres le impidió a Santa Bermúdez, una mujer de Tachina (a una hora de Pedernales) recibir una ración de comida. Su viaje a la ciudad más golpeada fue en vano cuando se encontró con un cartel desalentador que decía que solo se dará comida a las personas en los lugares ya identificados.
También Miriam Moreira, peluquera que vive en Guayaquil pero tiene a toda su familia en una aldea rural en La Crespa, se queja de que no hay ayuda en las poblaciones más pequeñas.
Un paquete con agua, alimentos, ropa, medicina, productos de higiene y todo lo necesario para que una familia de cuatro miembros subsista durante tres días a la intemperie. Así son las 7.000 raciones que ya se han repartido en Pedernales, una de las localidades más afectadas en Manabí. La primera fase del plan prevé atender las necesidades de 150.000 personas.
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