El ex presidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) quedó este jueves en libertad bajo fianza de 100.000 soles (unos 27.000 dólares) para evitar ir a prisión preventiva mientras se investigan los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

Vizcarra, imputado por los delitos de cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir, podrá seguir en las calles su campaña electoral como candidato al Congreso, pero obligado a comparecer ante el juzgado una vez al mes, pedir permiso para salir de Lima e impedido de abandonar Perú.

El ingreso en prisión preventiva fue desestimado por la jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado Nacional Permanente de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, tras una audiencia de más de catorce horas de duración, dividida en dos jornadas.

La magistrada no accedió a la solicitud de 18 meses de privación de libertad cursada por el fiscal anticorrupción a cargo del caso, Germán Juárez, el mismo que ya logró meter en prisión preventiva por casi diez meses al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales.

En su resolución citó precisamente la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva contra Humala por carecer su caso de elementos suficientes para privar de la libertad al ex mandatario.

La jueza sí encontró elementos suficientes “graves y fundados” para justificar la acusación contra Vizcarra, si bien indicó que no existen ni el riesgo de fuga ni de obstrucción a la Justicia que exige la ley para un ingreso preventivo en prisión.

En ese sentido, calificó de una “mera conjetura” la posibilidad de que Vizcarra pida asilo político en Bolivia, circunstancia que ha deslizado el fiscal sin presentar pruebas y que Vizcarra ha asegurado que “es totalmente falso”.

“Aquí está mi hogar, mi familia y el pueblo que tanto quiero”, enfatizó Vizcarra, que además envió una carta a la Embajada de Bolivia jurando que no pedirá asilo político en ese ni en ningún otro país.

La eventual fuga a Bolivia sustentada por el fiscal se basa en que, como parte de los presuntos sobornos, una de las dos empresas pagó un vuelo chárter para trasladar a Moquegua a una delegación del Gobierno boliviano que integraba el actual presidente, Luis Arce.

“Resulta preocupante que la propia Fiscalía que debe investigar con seriedad y objetividad sea la que recurra a especulaciones carentes de sustento y usadas por los medios de comunicación y mis adversarios para destruirme y desaparecerme políticamente”, añadió Vizcarra.

El ex presidente se declaró víctima de una persecución política iniciada desde varios frentes para sacarlo de la carrera electoral, y aseguró que, desde que fue destituido de la Presidencia el pasado noviembre, es “un ciudadano común y corriente” sin facultad para obstaculizar las investigaciones.

“Siempre he sido respetuoso con el Ministerio Público, pero no puedo quedarme callado cuando algunos miembros de esta institución exceden sus competencias y sin argumentos interfieren en mi derecho constitucional de postular al Congreso”, agregó.

Vizcarra recordó que desde el despacho del fiscal Juárez “se filtró el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz (delator premiado) fuera de contexto e incompletos”, lo que fue utilizado por la oposición en el Congreso “para llevar a cabo una vacancia (destitución) ilegal”.

“No hay que olvidar que, según una investigación periodística, el fiscal condicionó y pactó el testimonio de ese colaborador eficaz en mi contra a cambio de levantarle a él la prisión preventiva”, agregó.

Sobre las imputaciones, el expresidente rechazó cualquier vinculación con el “club de la construcción”, un grupo de compañías que durante más de una década se repartieron los concursos de obras públicas en Perú con ofertas acordadas que incluían sobornos a los funcionarios de turno.

Incluso se autoproclamó como el descubridor de esta trama de corrupción cuando en 2016 ejercía de ministro de Transportes y Comunicaciones.

“¿Cuántos directivos de esas empresas que han reconocido sus delitos están presos? Ninguno. Por el contrario, soy yo, el que denunció este hecho e hizo lo correcto, el que está aquí. ¿Eso no es injusto?”, se preguntó Vizcarra.

Los hechos investigados se remontan a las licitaciones para las construcciones del proyecto hídrico Lomas de Ilo y del Hospital Regional de Moquegua, ambos procesos supervisados por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), organismo de la ONU que se usa para evitar actos de corrupción en estos casos.

Por el primero recibió presuntamente un millón de soles (270.000 dólares) de la constructora Obrainsa y por el segundo 1,3 millones de soles (350.000 dólares) de Iccgsa, las dos involucradas en el “club de la construcción”.

Con información de EFE

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