Difícilmente se dejen ver en cócteles públicos ordenando un Dry Martini y aclarando al bartender: “agitado, no revuelto”. Pero allí estarán, colectando información que llevarán a sus oficinas diplomáticas y enviarán en formato de cables al Kremlin. Se trata de los delegados que Moscú envía a sus embajadas en todo el mundo y que configura una verdadera red de espionaje, influencia, extorsión y negocios turbios.

La desconfianza por los “agregados” comerciales, militares y culturales, es cada vez mayor en las democracias del mundo. A diferencia de lo que ocurre en otras delegaciones con representatividad más democrática, los títulos que aparecen en sus tarjetas de presentación son sólo una fachada. La función principal de estos diplomáticos es frecuentar pasillos políticos, empresarios, periodísticos y culturales para poder conseguir información sensible. La red está armada desde tiempos en que la Unión Soviética depositaba el control de sus relaciones internacionales en los agentes de la KGB (Comité para la Seguridad del Estado, por sus siglas en ruso), verdaderos comisarios internacionales.

Tras el colapso del experimento soviético en Rusia, el lavado de imagen de la KGB entró en funcionamiento. Su heredera sólo cambiaría de nombre: pasó a llamarse FSB (Servicio Federal de Seguridad, por sus siglas en ruso), tras varias reestructuras en su organigrama. Depende del presidente Vladimir Putin, quien fuera espía durante los años finales de la Guerra Fría en Alemania Oriental. Opera en el mismo edificio que su antecesora y emplea alrededor de 300 mil agentes secretos. Un ejército.

El último incidente descubierto ocurrió hace pocas semanas, a finales de 2020. Entonces, las autoridades de los Países Bajos descubrieron que la red estaba operativa en el país. Fue por eso que ordenaron la inmediata expulsión de la sede rusa en La Haya de dos diplomáticos. Los acusaba de haber formado parte de un equipo dedicado a robar datos confidenciales tecnológicos. De acuerdo a la información en manos de los investigadores holandeses, los “agregados” se dedicaban a espiar empresas de alta tecnología y a una institución educativa. Ambos fueron declarados persona no gratas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación europea.

Rusia, de la mano de su eterno canciller Serguéi Víktorovich Lavrov -cumple 17 años al frente de la diplomacia del Kremlin- sobreactuó indignación y reaccionó con reciprocidad: echaron a dos diplomáticos de los Países Bajos. “Este paso inamistoso y provocativo, así como una nueva ronda de histeria antirrusa organizada por La Haya con la ayuda de medios progubernamentales, demostró la falta de sentido común y de entendimiento en los círculos de poder holandesas de los problemas reales de la relación bilateral, y la tendencia a socavar más sus fundamentos”, señaló Moscú en un comunicado a mediados de enero.

Sin embargo, pese a la queja rusa, el Servicio General de Inteligencia y Seguridad (AIVD, por sus siglas en neerlandés) dio datos precisos sobre la tarea clandestina que desarrollaba el agente y sus nexos dentro y fuera de la embajada en La Haya. Uno de los infiltrados rusos había tejido una compleja red de contactos -de alrededor de diez personas- que poseían acceso a información sensible. Incluso, los investigadores comprobaron que también pagaba por conseguir los datos que transmitía a Moscú. El otro “diplomático” tenía una función de apoyo y logística. Todo lo referente a información sobre inteligencia artificial (IA), nanotecnología, chips y semiconductores era de interés del funcionario encubierto y sus jefes a 2480 kilómetros de distancia.

Dos años antes, el equipo de espías de Rusia en Holanda también había intervenido en una operación que fue descubierta y desbaratada. Fue un ataque cibernético frustrado que tuvo lugar frente a la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). El objetivo de la misión era atacar a los sistemas informáticos del organismo. De acuerdo al gobierno holandés la operación -que constó de un vehículo super equipado y aparcado en un hotel continuo al edificio donde funciona el ente- fue coordinada por el Departamento Central de Inteligencia del ejército ruso, más conocido por su temible sigla: GRU.

El Kremlin tenía particular interés en conocer qué se hablaba en ese edificio. Por eso quiso interceptar sus comunicaciones a toda costa. Los expertos de la OPAQ investigaban las sustancias utilizadas en dos ataques con armas químicas: el ejecutado ese mismo mes contra la ciudad siria de Duma donde murieron 50 personas y 500 resultaron heridas, y el sufrido en marzo por el ruso Serguéi Skripal y su hija, Yulia en el Reino Unido. El dictador Bashar Al Assad es un aliado de Putin y el horrendo crimen cometido contra su población golpeaba la imagen de Moscú; Skripal había sido espía y desertado del FSB... era otra clase de problema.

La arriesgada misión de abril de 2018, interceptada a tiempo, redundó en la expulsión de cuatro diplomáticos rusos.

La historia, por reiterativa, no deja de sorprender por el lugar común que encuentra: las embajadas rusas desparramadas en todo el mundo. Lo mismo ocurrió en la República Checa y en Colombia. En la primera fue ese mismo año. La red, montada en una estructura similar a las demás, se dedicaba a sabotajes e infiltraciones cibernéticas. En aquel entonces, fue Michal Koudelka, el jefe del Servicio de Contraespionaje checo (BIS) quien dio la noticia: “La red estaba financiada desde Rusia y por la embajada rusa, y su objetivo era, a través de una red de servidores, atacar objetivos en la República Checa y de los socios internacionales checos”.

En diciembre de ese mismo año, otra vez. Ahora incluían en el cóctel de espías a agentes enviados desde Beijing. ¿El objetivo? Debilitar a la Unión Europea (UE) y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). “La Federación Rusa tiene en República Checa un número elevado de agentes que no han sido declarados. Se trata de personas protegidas con pasaportes diplomáticos. Desarrollan una serie de actividades como, por ejemplo, debilitar a la Unión Europea y a la OTAN”, dijo los últimos días de diciembre de 2018 Ladislav Šticha, portavoz del Servicio de Inteligencia checo.

Otro complot ingeniado en la embajada rusa en Praga tenía un objetivo más dramático. El blanco era el alcalde de la ciudad y la intención configura un clásico dentro del esquema de terror que impone el Kremlin a sus enemigos: envenenarlo. En mayo de 2020 se reveló que un importante dignatario asignado en la capital checa estuvo involucrado en una plan para suministrar ricina a Zdenek Hrib y dos funcionarios suyos.

El espía fue identificado como Andrei Konchakov, de 35 años. El “diplomático” llegó al aeropuerto de Praga el 14 de marzo con la toxina y luego de se dirigió a la embajada rusa en el país europeo. Su pasaporte le brindaba la inmunidad necesaria para que su equipaje no pasara por controles aduaneros corrientes. El ruso recogido por un conductor de la embajada, un hombre identificado en informes de inteligencia locales como Alexandr A., quien es sospechoso de ser un oficial del FSB y que tiene como misión cuidar al equipo diplomático y asegurase de que los documentos secretos u otros artículos que estos traigan consigo estén a resguardo.

Este tipo de contratados están en cada una de las delegaciones de Moscú en el mundo. Konchakov, en tanto, negó todas las acusaciones que salieron a la luz y dijo que no tenía autorización a hablar a menos de obtenerla de forma directa del gobierno de su país. Esa vía libre nunca llegó y sus secretos permanecerán a salvo.

El caso más reciente fue en América Latina. El pasado 8 de diciembre, Aleksandr Nikolayevich Belousov y Aleksandr Paristov, acreditados como secretarios terceros de la embajada rusa en Bogotá, abandonaron Colombia discretamente con sus familias. El día anterior, la Cancillería había citado al embajador de Rusia en el país, Serguey Koshkin, para solicitarle, de manera verbal la salida de los dos funcionarios, quienes, según la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum estaban “desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”. De haberse negado, ambos habrían perdido su inmunidad y abierto la posibilidad de ser procesados en el país por espionaje.

La expulsión de los dos diplomáticos rusos sólo se supo días después, dando origen a una aguda polémica. De acuerdo con versiones de prensa, la Dirección Nacional de Inteligencia Colombiana llevaba dos años siguiendo los movimientos de los ciudadanos rusos, como parte de lo que las autoridades denominaron Operación Enigma, ejecutada por agentes encubiertos.

Las alarmas se habrían disparado debido al inusual tamaño de la delegación rusa en Bogotá, que llegó a tener alrededor de 44 funcionarios, demasiados, concluyeron los organismos de seguridad, para el nivel de negocios que maneja la representación diplomática en tierra colombiana.

De acuerdo con las autoridades del país sudamericano, los supuestos “agregados” buscaban obtener información de inteligencia militar, tecnología e infraestructura, especialmente en lo relacionado con el sector energético del país, para lo cual, según los organismos de inteligencia, estarían pagando altas sumas de dinero a ciudadanos nacionales.

De acuerdo a medios locales, incluso un ejecutivo admitió que -en varias entregas y en sobres sellados- recibió alrededor de 10.000 dólares en efectivo de un ciudadano ruso que se presentó como asesor de negocios del gobierno de Moscú, el cual finalmente fue identificado como uno de los dos funcionarios expulsados.

El gobierno ruso convocó al embajador de Colombia en Moscú, Alfonso López Caballero, para manifestar el descontento del Kremlin por la expulsión de los dos diplomáticos acusados de espías. “Este paso no se corresponde con el espíritu de las relaciones tradicionalmente amistosas y de respeto mutuo entre Rusia y Colombia”, manifestó la cancillería rusa, poco antes de expulsar, a su vez, a dos funcionarios de la embajada colombiana en Moscú en reciprocidad.

De acuerdo con la senadora colombiana María Fernanda Cabal, acontecimientos como estos demuestran que existe la intención de desequilibrar a América Latina. “No es un secreto que en Venezuela se afincan intereses de rusos, de chinos y de iraníes”, aseguró la congresista por el partido Centro Democrático, quien agregó que Rusia sigue empeñada en ser un imperio y competir con los Estados Unidos. “Su economía está bastante destruida, pero eso no les impide querer controlar y destruir países”, concluyó.

La dirigente política del partido de gobierno sostuvo que, durante las protestas que afectaron a su país en octubre de 2019, las autoridades determinaron que buena parte de la información falsa que llegaba por las redes sociales venía de Rusia y de Venezuela. “Hay un interés por desestabilizar las democracias”, recalcó.

Finalmente, la diputada colombiana aseveró que es muy probable que se estén realizando actividades de espionaje en toda la región: “Esos países están acostumbrados a espiar: nos espían los chinos, nos espían los cubanos, ahora los venezolanos, que fueron completamente controlados por los cubanos, hacen lo mismo, y los rusos siempre lo han hecho; qué vulnerabilidad tan grande la nuestra que siempre han querido destruir la democracia”.

Las redes de Putin en todo el mundo están tendidas desde hace tiempo. Muchos de esos atildados diplomáticos podrán ser vistos en cócteles, repartiendo tarjetas de presentación. Ninguno pedirá un Dry Martini como el personaje de Ian Fleming. Prefieren el vodka puro y dibujar una sonrisa seductora a su interlocutor. Pronto podría rendir los frutos de su misión.

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