Diputados israelíes pidieron condicionar la entrega a la devolución de dos civiles y los cuerpos de dos soldados retenidos en la franja, mientras las ONGs acusan a Israel de imponer un “castigo colectivo” e incumplir sus “obligaciones legales y morales” como potencia ocupante.

Bloqueado por tierra, mar y aire desde 2007, el enclave palestino solo cuenta con un paso de mercancías que controla Israel, quien debe autorizar previamente el tránsito. En el caso de estas vacunas, debe hacerlo el Consejo Nacional de Seguridad israelí, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, que no ha tomado aún una decisión.

Organizaciones internacionales y la ONU ya habían reconvenido a Israel, que hoy superó los cuatro millones de inoculados con la primera dosis, por no contribuir a la campaña de vacunación de la población palestina bajo su ocupación.

Cisjordania, con más de tres millones de habitantes, solo ha recibido hasta el momento 12.000 dosis (10.000 donadas por Rusia y 2.000 por Israel), y la Franja de Gaza, con más de dos millones, ninguna.

UN “CASTIGO COLECTIVO” A LA POBLACIÓN DE GAZA

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), con sede en Cisjordania, denunció el lunes que las autoridades israelíes impidieron el envío de un lote de 2.000 vacunas Sputnik destinado a personal sanitario en la franja, un área territorialmente separada a la que se accede atravesando Israel.

“Israel debe transferir las vacunas a Gaza bajo términos muy claros, y los requisitos mínimos deben ser a cambio de los rehenes o al menos de información sobre la situación de ellos y el permiso para que la Cruz Roja los visite”, explicó hoy a Efe el diputado derechista Zvi Hauser, que encabeza el comité parlamentario que debatió el envío.

Opuesta también a la autorización, la diputada centrista de Azul y Blanco, Michal Cotler Wunsh, cree que enviar vacunas a Gaza –y por ende a manos de Hamás, que controla el enclave y es considerado un grupo terrorista–, sería fomentar la “cultura de impunidad con la cual un régimen terrorista mantiene cautivos a civiles”.

Por su parte, la organización israelí Gisha, en defensa de la libertad de movimiento, consideró que “bloquear el acceso de ayuda humanitaria” a condiciones “políticas” supone una forma de “castigo colectivo” para la población de Gaza que “es ilegal y moralmente injustificable”.

En la misma línea, Médicos por los Derechos Humanos (PHRI) cree que con este impedimento Israel vulnera su “responsabilidad según el derecho internacional” y la Convención de Ginebra.

UNA MONEDA DE CAMBIO

Hasta ahora el impacto en el enclave ha sido moderado con cerca de 55.000 casos de coronavirus, de los cuales unos 2.300 continúan activos y 538 fallecieron, pero las autoridades temen un nuevo pico de infecciones.

Hamás calificó la demora de “verdadero crimen que contradice descaradamente las leyes internacionales y las normas humanitarias”.

Mientras, el Ministerio de Sanidad del enclave llamó a “las autoridades internacionales a intervenir para acelerar la entrada” de las vacunas y disminuir el riesgo de un “desastre sanitario” en vistas de un nuevo repunte.

Además, la organización islamista alertó hoy de las posibles repercusiones del retraso, semanas después de que Yahya Sinwar, líder de Hamás en la franja, amenazara con que el movimiento “sabría cómo responder” en caso de que algo parecido sucediera, en referencia a una acción armada.

Para Israel, la devolución de los civiles y los cuerpos de dos soldados que murieron en la guerra de 2014 es una cuestión de Estado, y las necesidades de la pandemia han puesto sobre la mesa una moneda de cambio.

EFE

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