En el desarrollo de las investigaciones fue relevante la información proporcionada por el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yuñez. El próximo gobernador detectó movimientos ilegales, antes de asumir el cargo por seis años, el próximo jueves de diciembre, tras ganar las elecciones al frente de una coalición de centroderecha y centroizquierda contra el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) que llevó a Duarte al cargo. Con esa información, la fiscalía federal emprendió una serie de procesos contra las empresas destinatarias de millonarias transferencias ilegales de fondos públicos. Las empresas que recibieron esos fondos "una vez que conocieron el esquema de prestanombres y dispersión de recursos públicos estatales, firmaron voluntariamente un convenio con la PGR y la secretaría de Hacienda (Finanzas, federal)". Con esos acuerdos, la fiscalía está recuperando 450 millones de pesos que serán devueltos a la Tesorería del Estado de Veracruz.
El primer monto, corresponde a 250 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), ya se encuentra listo para ser entregado a las autoridades veracruzanas, y el monto restante será transferido mediante exhibiciones mensuales cubriendo el interés legal correspondiente, dijo la PGR. "Estos 450 millones de pesos recuperados, que serán devueltos al gobierno estatal, son prueba de que la institución a mi cargo utilizará todos los recursos a su alcance para combatir la corrupción, recuperar recursos y bienes públicos transferidos indebidamente", dijo el Procurador de México, Raúl Cervantes. La fiscalía de México ofrece una recompensa de 750.000 dólares (15 millones de pesos) por información que permita la captura del exgobernador Duarte, prófugo de la justicia por cargos de corrupción. El gobernador electo acusa a Duarte por la malversación de 50.000 millones de pesos de fondos públicos (unos 2.500 millones de dólares).
Sputnik
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