Este lunes comienza en la Asamblea Nacional (AN) la discusión parlamentaria del proyecto de Ley destinado «reforzar el respeto de los principios de la República» y combatir la gangrena terrorista. Giro histórico en la regulación de los cultos religiosos y, muy en particular, del campo de minas de la religión musulmana.

Hace un año que Emmanuel Macron comenzó a denunciar el «separatismo» cultural y religioso, sin nombrar expresamente al islam. Tras los estallidos de violencia suburbana durante el primer trimestre del 2020, y los atentados yihadistas de septiembre y octubre pasado, comenzó a denunciarse la «gangrena islamista».

Tras un semestre de discusiones y concertación, Gérald Darmanin, ministro del Interior, presentará la tarde del lunes día 1 de febrero el definitivo proyecto de Ley destinada a reforzar el respeto de los principios de la República. El gobierno ha decidido eliminar cualquier alusión directa a la religión musulmana, que es el «blanco» muy preciso del proyecto, cuyos objetivos legislativos, judiciales y policiales están directamente dirigidos contra el proselitismo musulmán, velada o directamente islamista.

Arma institucional
El proyecto de Ley se convertirá, en su día, a lo largo del próximo semestre, en un arma institucional para combatir «todo tipo de separatismo», de este modo: defendiendo la neutralidad laica en los servicios públicos y las asociaciones «culturales», ofreciendo a la justicia y las fuerzas de seguridad nuevos recursos para mejor proteger a las víctimas.

La nueva Ley permitirá cerrar expeditivamente mezquitas, escuelas privadas, asociaciones, donde se propaguen ideas contrarias a todos los principios cardinales del Estado. Las asociaciones y lugares de culto estarán sometidas a un control judicial, policial y económico estricto, con el fin de conocer y eventualmente perseguir ingresos «extranjeros» o «equívocos». Podrá perseguirse rápidamente a los individuos, particulares, o asociaciones, que propaguen información «sensible o particular» de maestros y profesores, mejor protegidos contra las agresiones de todo tipo, a través de las redes sociales. Sin prohibir ningún culto, policía y justicia podrán perseguir con más eficacia, la propagación de ideas «separatistas» de carácter religioso, político o cultural.

Problemas de integración
La Ley evita nombrar a ningún culto o religión, en particular. Pero no es un secreto que católicos, judíos o protestantes no tienen ningún problema con el Estado y las instituciones. Solo la religión musulmana, sus imanes y los franceses musulmanes tienen problemas de fondo con las leyes francesas, estimando, con frecuencia, que la ley musulmana «está por encima». Esa es la matriz que espera combatir el proyecto de Ley que comenzará a discutirse en la AN.

Las distintas fuerzas políticas parlamentarias han presentado 2.647 enmiendas, anunciándose varias batallas campales.

Las autoridades religiosas musulmanas han firmado una «carta» de «buenos principios» diciéndose dispuestas a apoyar la nueva legislación. «Carta» rechazada por muchos imanes radicales, hostiles a la integración.

Las autoridades religiosas católicas, judías y protestas contemplan con relativa reserva un proyecto de Ley que está llamado a consumar un giro histórico en la historia de la regulación de los cultos religiosos en Francia.

abc

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