La Guardia Nacional de Estados Unidos ha anunciado este sábado que, a petición del Gobierno, mantendrá a aproximadamente 7.000 de sus miembros en Washington DC hasta mediados de marzo.
A esas alturas del tercer mes del año, el contingente descendería hasta los 5.000 en caso de que todo ocurriera sin incidentes, según CBS.
Los miembros de la Guardia Nacional se encargarán de tareas de comunicaciones, seguridad, logística y evacuaciones médicas.
Desde la criticada gestión de la seguridad en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero en el que murieron cinco personas, los temores a mayores incidentes violentos han motivado el despliegue de un gran dispositivo policial en la sede del poder legislativo estadounidense.
Para la toma de posesión del presidente estadounidense, Joe Biden, 25.000 miembros de la Guardia Nacional formaron parte del operativo de seguridad que construyó vallas y blindó Washington.
Tanto el presidente en una llamada este sábado como la primera dama, Jill Biden, quien repartió galletas entre ellos, han agradecido su labor al cuerpo.
Las tropas también empezaron a llevar armas en las calles de la capital, un cambio radical a una semana de la investidura del presidente electo, Joe Biden.
Los efectivos se movilizaron en un principio para brindar apoyo logístico a la policía de Washington.
Expertos en seguridad señalaron que los seguidores más extremos del presidente Donald Trump, que al igual que él niegan su derrota en las elecciones de noviembre, habían prometido en redes sociales recurrir a la violencia en la capital y otras ciudades del país.
El Pentágono y la Guardia Nacional -fuerza de reserva- fueron criticados por su respuesta lenta cuando la sede del Congreso de Estados Unidos, el Capitolio, fue invadida por miles de seguidores de Trump que desbordaron a un cuerpo de seguridad del recinto sin personal suficiente ni preparación adecuada. El caos desatado dejó cinco muertos.
Pero según funcionarios del Pentágono, la Guardia Nacional fue convocada tarde y sin disponer de un equipo antidisturbios.
Los principales generales del Pentágono condenaron el ataque del 6 de enero al Capitolio por los partidarios de Trump, diciendo a las tropas de EEUU que fue un asalto ilegal al proceso constitucional.
“La violenta revuelta... fue como un asalto directo al Congreso de los EEUU, al edificio del Capitolio, y a nuestro proceso constitucional”, advirtió un memorándum firmado por los ocho miembros del Estado Mayor Conjunto, encabezados por el presidente, el general Mark Milley.
“Los derechos de libertad de expresión y de reunión no dan a nadie el derecho de recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección”, dijeron las autoridades militares.
La carta también señala que los miembros de las fuerzas armadas están obligados a defender la Constitución. “Cualquier acto que perturbe el proceso constitucional no sólo va contra nuestras tradiciones, valores y juramento, sino también contra la ley”, afirmó.
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