El Gobierno de coalición de centroderecha de los Países Bajos ha dimitido este viernes por el escándalo sobre los subsidios familiares para el cuidado de los niños fuera del hogar. El fiasco se ha venido fraguando desde 2014 y no solo ha revelado los fallos de la autoridad fiscal. Unos 26.000 padres han sido víctimas de la dureza extrema de un sistema de vigilancia de ayudas que, en busca de posibles fraudes, incurrió en discriminación al investigarles sobre todo en función de su origen, ya que la mayoría eran padres de ascendencia turca o marroquí. Las sospechas de estafa a gran escala de estas familias se han demostrado infundadas, pero las disculpas ofrecidas por el Ejecutivo y los rigores de la pandemia no han impedido su caída ante la evidencia de que los progenitores se endeudaron y llegaron a perder, en ocasiones, la casa y el empleo. Y de que tuvieron que soportar el estigma social de ser señalados por un delito que no habían cometido.

El equipo del primer ministro liberal, Mark Rutte, de 53 años, quien ha estado al frente de tres Gabinetes desde 2010, ha reconocido que erraron todos: los Ministerios de Asuntos Sociales, Hacienda y Economía, jueces y funcionarios. El golpe para la imagen de un país que se precia de luchar contra la desigualdad es enorme, y con las próximas elecciones previstas para marzo, la decisión de dimitir en bloque ha evitado luchas internas. La gestión de la pandemia no sufrirá las consecuencias del descalabro político.

Rutte ha explicado que la coalición que gobernaba hasta ahora, formada por cuatro partidos, se mantendrá en la lucha contra el coronavirus. El titular de Economía, Eric Wiebes, ha decidido dejar su cartera de inmediato y no formará parte del Gobierno dimisionario. Fue el responsable político de las autoridades fiscales hasta 2017.

Los rigores de la covid-19 han hecho que la caída del Gobierno se produjera casi a cámara lenta, pero no han podido tapar al final lo ocurrido con las 26.000 familias afectadas. En algunos casos, acumularon deudas de hasta 100.000 euros al quedarse sin unas ayudas que les correspondían legalmente, y el servicio de impuestos les ordenó además devolver el subsidio en pocos meses. Hace apenas unos días, una comisión parlamentaria ha criticado por igual al Gabinete y al Parlamento, “por redactar leyes que no hacen justicia a las situaciones personales”. También a los jueces, “por aplicar de forma implacable las normas, sin atender a los preceptos administrativos que protegen a los ciudadanos”, al tiempo que señaló la mala gestión de la información entre los ministerios.

A la vista del escándalo, y a pesar de la compensación de 30.000 euros por familia estipulada por el Gobierno, los cuatro partidos de la coalición en el poder han acabado por asumir su responsabilidad y ha hecho votos por apoyar a los padres atacados sin motivo. Por el camino, había dimitido ya el socialdemócrata Lodewijk Asscher, que fue ministro de Asuntos Sociales en los años retirada de las prestaciones, y era el cabeza de lista de su partido para los comicios de marzo. En 2019, hizo otro tanto Menno Snel, secretario de Estado de Finanzas, por haber ocultado al Congreso documentos vitales sobre la cifra real de casos.

Ese mismo año, una comisión dirigida por un antiguo ministro de Justicia advirtió de que en el caso “hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma estricta la normativa contra el fraude”. El cargo de Snel pareció entonces el precio adecuado para calmar la situación, pero no ha sido así.

El subsidio familiar se traduce en una suma mensual que varía en virtud del salario y horario de trabajo de los padres, y el precio por hora de guarderías o parvularios que cuidan a los niños. Los progenitores pagan una parte y el Estado el resto. El fraude comprobado resultó ser de calibre menor -a veces faltaba una firma- pero el servicio tributario retiró las ayudas a todos los afectados, incluso sin disponer de pruebas. También anotó en los expedientes el origen de los padres con doble nacionalidad, a pesar de que las leyes de protección de datos lo impiden desde 2014.

“Imagínese que de repente suprimen la asignación y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en horario laboral porque no pueden pagarlo. Lo normal es que si te quitan ese dinero te den explicaciones para que tú puedas demostrar que se equivocan; que sí tienes derecho. Pero lo que ocurrió es que se bloquearon las ayudas a pesar de que las familias presentaban toda la documentación en regla confirmando su derecho a obtenerlas. Solo se les dijo que buscaran la respuesta a lo ocurrido en los tribunales”, explica Eva González Pérez, la abogada de origen español que destapó el caso en 2014, en conversación telefónica. Su marido dirige una red de centros infantiles distribuidos por varias ciudades del país, y cuando vio que algunos padres dejaban de acudir por problemas de solvencia, ella se puso a investigar.

El primer grupo de perjudicados sumaba 157 personas, y al principio parecía un error de procedimiento, pero luego pudo verse el sesgo discriminatorio, dada la procedencia inmigrante de la mayoría. La abogada, que ha defendido a una parte de los padres, dice que cuando iba a juicio “los representantes de Hacienda subrayaban que yo era la mujer del dueño de las guarderías, supongo que para desacreditarme, mientras que ellos no entregaban todos los documentos necesarios al tribunal”. Varias de las familias, con tres y cuatro niños, vieron cómo estos alcanzaban la mayoría de edad sin que retornaran la asistencia. González Pérez añade que hubo algunas voces contrarias a lo que estaba ocurriendo dentro de la propia administración, pero no fueron escuchadas.

Al final, el tercer Gobierno del liberal de derecha Mark Rutte ha sucumbido ante su propia sordera.

elpais

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