Mencionó específicamente el allanamiento contra la ONG Azul Positivo, que enfoca su trabajo en la prevención del HIV y las enfermedades de transmisión sexual, y las recientes acciones contra tres medios de comunicación: VPITV, Panorama y TalCual.

Con respecto al primer hecho, recordó que tuvo lugar el 12 de enero en el estado Zulia, cuando oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional entraron a la sede de la organización no gubernamental.

“Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares”, detalla el documento. Y agrega: “Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior”.

El caso anterior referido en la declaración es el de Convite, que brinda asistencia a adultos mayores y cuya sede también fue allanada a mediados de diciembre. En ese entonces, funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza. Justificando su accionar con una acusación de “financiamiento del terrorismo”, procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en Los Dos Caminos, en Caracas.

Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció además que en medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite, y realizar un inventario de los equipos que se llevaban. “Es urgente que las instancias internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan trabajo humanitario en Venezuela”, señaló Convite.

Al respecto, la oficina de la ONU dijo que “los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”.

“Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal”, agregó.

Con respecto al ataque contra los medios de comunicación, detalló los eventos del 8 de enero cuando “supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal”.

“Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo”, indica.

El blanco principal de la embestida, VPITV, anunció el 10 de enero que deberá dejar de operar “momentáneamente” en el país caribeño por la confiscación de sus equipos de transmisión. “Esta medida viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural”, expresó el medio en un comunicado al anunciar la medida.

El diario Panorama, de Maracaibo, fue sancionado por cinco días por el Seniat, lo que dejó fuera de funcionamiento la web del periódico desde el 7 de enero. Y ese día el medio digital Tal Cual sufrió un ciberataque.

El régimen también acusó el mismo día a los medios Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y a Radio Fe y Alegría, de ser ‘mercenarios del periodismo’ y recibir financiamiento del extranjero para derrocar al gobierno. Luego de la acusación, la sede de la radio en el estado Monagas fue asaltada y le fue robado su equipo de trasmisión.

La declaración de la ONU se suma al coro de voces a nivel nacional e internacional que han condenado las acciones recientes del régimen contra los medios en el país caribeño. El lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó a las acciones como una “nueva ola de agresiones y ataques”.

“Aunque estemos acostumbrados a la barbarie del régimen contra la libertad de prensa, no podemos dejar de condenar esta nueva ola de agresiones y ataques del gobierno venezolano con la intención de seguir silenciando a medios y periodistas independientes”, dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP y del Grupo OPSA, con sede en Honduras.

A nivel local, el SNTP, principal organización gremial de periodistas en el país caribeño, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de “una política sistemática” contra medios de comunicación críticos. Y la ONG promotora de la libertad de expresión Espacio Público denuncia que más de un centenar de medios de comunicación han cerrado desde la llegada del mandatario socialista al poder en 2013. También se expresó el presidente interino Juan Guaidó, lo mismo que distintos funcionarios de su gobierno.

Los datos sobre el avasallamiento de la libertad de prensa en la venezuela de Maduro son abrumadores. Reporteros Sin Fronteras, El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, la prestigiosa ONG Espacio Público, por ejemplo- arrojan un mismo escenario: uno en el que los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.

lapatilla

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