El papa Francisco emitió un decreto que endurece los controles sobre las finanzas del Vaticano después de un escándalo relacionado con la compra de una propiedad de lujo en Londres. El documento ordena a la Secretaría de Estado, el brazo diplomático y administrativo de la Santa Sede, transferir todas sus propiedades financieras y activos inmobiliarios a otra oficina, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), a más tardar el próximo 4 de febrero.

Publicado el lunes y firmado por el sumo pontífice el 26 de diciembre, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero. La medida sigue una investigación sobre la mala administración de fondos en la Secretaría de Estado y está destinada a "lograr una gestión centralizada de las inversiones, que disminuye la discrecionalidad y aumenta los controles".

En 2014, la Secretaría invirtió unos 200 millones de euros (244 millones de dólares) como socio en un acuerdo para comprar una propiedad de lujo en la capital británica. La investigación sobre ese acuerdo llevó a la suspensión el año pasado de cinco empleados del Vaticano, cuatro de ellos de la Secretaría. 

El documento formaliza lo que el papa Francisco ideó en agosto en una carta al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en la que exigía el traspaso de los bienes de la Secretaría a la APSA. El cambio decretado tiene como objetivo garantizar "una mejor organización de la administración, los controles y la supervisión de las actividades económicas y financieras de la Santa Sede", una "gestión más transparente y eficiente" y una "separación de responsabilidades y funciones". 

El decreto también contempla la creación de un nuevo fondo para donaciones al papa y sus organizaciones benéficas que previamente había sido administrado por la Secretaría, para garantizar "un mayor control y una mejor visibilidad". El Ministerio de Economía del Vaticano supervisará el gasto. 

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