Agentes de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena en busca de información sobre la desalinizadora de Escombreras, para intentar esclarecer una supuesta trama de corrupción montada en torno a esta instalación, por cuya explotación la Comunidad Autónoma se comprometió a pagar 600 millones de euros.


Los agentes, pertenecientes a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de Madrid, se han personado de paisano en estas dependencias y han solicitado la licencia de obras y la licencia de actividad de la planta desalinizadora. El alcalde de Cartagena, José López, también tiene las competencias del área de Urbanismo e Infraestructuras.

Fuentes del propio Consistorio han señalado a EL PAÍS que López ha estado presente al comienzo del registro y que tanto él como todo el Ayuntamiento “están colaborando desde primera hora de la mañana y a disposición de todo cuanto se nos requiera en el marco de esta investigación”.

El de este miércoles es el segundo episodio de una operación desarrollada a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia y que comenzó este martes con los registros de la propia planta de Escombreras y del despacho en Murcia de Andrés Arnaldos, abogado de la sociedad pública de la Comunidad Autónoma Desaladora de Escombreras.

La misma responde a la querella admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, en la que se investigan los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.

Díaz Manzanera comenzó a investigar tras la denuncia del abogado murciano Diego de Ramón, que aportó a la Fiscalía el primer informe del Tribunal de Cuentas de 2010. El propio De Ramón ha afirmado que se trata del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional". El letrado reprocha que ACS, la empresa constructora, pidió un préstamo y la Comunidad Autónoma lo subrogó.

De hecho, la Comunidad ha pagado hasta ahora 90 millones a la propietaria y debe unos 35 de pagos atrasados, según informó el interventor general de la Comunidad, Eduardo Garro, ante la recién creada Comisión de Investigación en el Parlamento regional murciano, que también analiza este asunto.

Por otra parte, no hay que olvidar el vídeo grabado por un proveedor de la empresa encargada del mantenimiento de la desaladora, Tedagua —también perteneciente al grupo ACS—, y revelado por EL PAÍS, donde se ve a un empresario entregar 4.500 euros para intentar agilizar el cobro de sus facturas.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre; el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas; la exministra Cristina Narbona; o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes, entre otros.

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