Los días de adoración en Washington casi seguramente no regresarán cuando Biden asuma la presidencia en enero, con crecientes retos legislativos y regulatorios hacia la industria, —incluso una implementación más severa de las leyes antimonopolios— casi seguramente sobreviviendo el fin del término de Donald Trump.

“La reacción contra las tecnológicas anda a toda marcha”, dijo Eric Goldman, profesor de Derecho en la Universidad de Santa Clara y codirector del High Tech Law Institute.

En los años desde que Obama y Biden dejaron la Casa Blanca, las fortunas de la industria tecnológica han cambiado. Facebook, Google, Amazon y Apple se van visto bajo un creciente escrutinio del Congreso, los reguladores federales, fiscales estatales y las autoridades europeas. Twitter se vio frecuentemente enfrentado con los legisladores por sus políticas de moderación del contenido en su plataforma. Y las compañías han visto bajar su respaldo político en el Congreso.

Legisladores de ambos partidos quieren una mayor supervisión de la industria, argumentando que su enorme poder de mercado está fuera de control, aplastando a competidores y poniendo en peligro la privacidad de los consumidores. Dicen que las compañías usan un escudo legal para permitir la diseminación de información falsa en sus redes sociales o para afianzar sesgos.

Biden pudiera buscar reducir el dominio de los gigantes tecnológicos y pudiera encontrarse con la oportunidad de trabajar con la oposición para reducir el poder de un adversario común.

Como candidato presidencial, Biden dijo que debía ponderarse una división dentro las grandes compañías tecnológicas. Desmantelar los gigantes tecnológicos “es algo que deberíamos examinar seriamente”, dijo a The Associated Press en una entrevista. Dijo que quiere ver analizar rápidamente las protecciones de las compañías de redes sociales a la libertad de expresión en sus plataformas. Mencionó específicamente al director general de Facebook Mark Zuckerberg, llamándolo “un problema real”.

Se espera además que el gobierno de Biden prosiga con la nueva demanda antimonopolios del Departamento de Justicia contra Google, aunque su forma pudiera cambiar.

Pero si Biden decide buscar una reforma grande de las leyes que gobiernan la competencia tecnológica, tendrá que navegar aguas difíciles, en el Congreso y la política en general.

Los representantes demócratas, tras una vasta investigación de un panel de la Comisión de Asuntos Jurídicos, llamaron el mes pasado al Congreso a frenar a los gigantes tecnológicos, posiblemente forzándoles a dividir sus operaciones, además de a hacer más difícil que adquieran a otras firmas e imponer nuevas reglas para salvaguardar la competencia.

Esos tipos de separaciones ordenadas por la ley serían un paso radical para el Congreso y excesivo para muchos republicanos.

Aunque el asunto no ha sido decidido aún, Biden enfrenta la posibilidad de convertirse en el primer demócrata en la historia moderna en asumir la presidencia sin que su partido controle el Congreso. Los republicanos retendrían el control del Senado si ganan una de dos segundas vueltas electorales en Georgia en enero. Los demócratas retendrán el control de la cámara baja.

El control republicano del Senado forzaría a Biden a reducir sus ambiciones y trabajar en una agenda legislativa diferente, basada en el bipartidismo. Un área posible de acuerdo sería una legislación sobre la industria tecnológica.

“El punto fuerte de Biden como senador era precisamente conseguir ese tipo de acuerdos”, apuntó Goldman, de la Universidad de Santa Clara.

Pero lo que pudiera emerger al final es una dependencia grande en el poder ejecutivo a través de una implementación más enérgica de las leyes antimonopolios existentes, dijo Jerry Ellig, un exfuncionario del gobierno y profesor del Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad de Georgetown. Los legisladores republicanos casi seguramente seguirán unidos en oposición a cambios fundamentales en la industria tecnológica, que pudieran afectar también a compañías más pequeñas, mientras que los demócratas pudieran verse divididos en direcciones diferentes.

La demanda presentada la semana pasada por el Departamento de Justicia acusó a Google de abusar de su dominio en internet y en la publicidad en línea para estimular sus ganancias: fue el intento más significativo del gobierno para proteger la competencia desde su histórica causa contra Microsoft hace más de 20 años.

Está además el asunto de la protección legal a la libertad de expresión en las plataformas sociales de Facebook, Twitter y Google, otra área de acuerdo entre los dos partidos, aunque por razones diferentes.

Ha aumentado el apoyo en el Congreso para reducir algunas de las protecciones que han permitido a las compañías evadir responsabilidad legal por lo que las personas publican en sus plataformas. Los republicanos acusan a las compañías de un sesgo anticonservador que borra esos puntos de vista de las redes sociales al tiempo que permite lo que describen como una retórica de extrema izquierda y antiestadounidense.

Las preocupaciones demócratas se centran en los mensajes de odio y prejuicio y las teorías de conspiración que han incitado a la violencia física y en la amplificación en las plataformas de las falsedades promovidas por Trump, especialmente las acusaciones de fraude en las elecciones recientes.

Durante una audiencia en el Senado el mes pasado, los líderes de las compañías de redes sociales rechazaron las acusaciones de anticonservadurismo y prometieron defender activamente sus plataformas para que evitar que fueran usadas para generar caos en la elección del 3 de noviembre.

Los críticos en ambos partidos dicen que la inmunidad bajo la Sección 230 de la ley de telecomunicaciones de 1996 permite a las compañías de redes sociales renunciar a su responsabilidad de moderar imparcialmente el contenido.

Biden ha dicho que la Sección 230 “debe ser revocada inmediatamente”.

Una acción rápida podría ser difícil, dado el panorama en el Congreso y las divisiones de opiniones sobre el material visto por casi todo el mundo en el planeta.

Si emerge un proyecto de ley consensuado, dice Ellig, de la Universidad George Washington, “van a hacerla lo suficientemente vago para que todos se atribuyan victoria”.

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