El PP ha vuelto a vivir este martes otro calvario en el Congreso. El partido del Gobierno ha perdido las principales votaciones en el pleno, salvo una que ha propuesto él mismo sobre un pacto de Estado para las pensiones, que ya existe con el nombre de Pacto de Toledo, y que se limita a una declaración de intenciones sin medidas concretas. De las dos proposiciones de ley de la oposición, la más trascendente es la de subida del salario mínimo.



El PP ha perdido este martes en el pleno otras dos votaciones: una de proposición de ley y una no de ley. La primera se refiere a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la segunda es sobre reformas de la Justicia. La primera, de momento, solo se ha admitido a trámite y, por tanto, tiene aún un efecto limitado. La del pacto de la Justicia fue presentada por Ciudadanos y rechazada con los votos en el pleno de PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas. Tiene el valor político de que incluye las medidas sobre Justicia pactadas por Mariano Rajoy y Albert Rivera para la investidura y, sin embargo, no obtienen respaldo de la Cámara y auguran un negro futuro cuando sean convertidas en proyectos o proposiciones de ley.


Por ejemplo, los socialistas la han rechazado porque incluye expresamente la designación corporativa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, elegidos por los propios jueces y sin intervención parlamentaria. En febrero Ciudadanos pactó con el PSOE una reforma del sistema mixto actual que establecía más filtros, pero no eliminaba la intervención parlamentaria.

De todas las iniciativas admitidas este martes a trámite por el Pleno la más trascendente es la de Unidos Podemos que elevaría de 655,2 mensuales (9.172 anuales) a 800 el Salario Mínimo Interprofesional el 1 de enero de 2018, con el compromiso de llegar a 950 al final de la legislatura. Es trascendente porque supone empezar a cuestionar y enmendar la política económica del Gobierno y dirigirla desde el Parlamento y al margen del PP.

Aún no es efectiva porque solo se ha superado un primer escollo parlamentario y ahora es necesario que vaya a comisión con plazo de enmiendas parciales y tramitación posterior en el Senado. Lo trascendente será la cifra y el texto resultante de su tramitación y el momento en el que se apruebe definitivamente no antes de cuatro meses para que entre en vigor. De hecho, algunos partidos como PDECAT (antigua Convergència) han votado a favor de la admisión a trámite, pero con objeciones como que no haya un solo salario mínimo para toda España y Ciudadanos ha criticado la iniciativa y ha pedido una reforma de la legislación laboral, pero se ha abstenido. El SMI se aplica a un porcentaje bajo de trabajadores, pero sus incrementos, siempre más reducidos, son tomados como referencia en negociaciones de convenios colectivos. Según Íñigo Errejón, portavoz de Podemos, se trata de “desmantelar la política de austeridad”.

Para Susana López Ares, portavoz del PP, esa subida del SMI de más del 40% supondría más desigualdad y desempleo, con un coste de 1.300 millones de euros en 2017 y más de 2.500 en 2020.ElPais

Etiquetas: