La policía utiliza agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestanes que se habían reunido este jueves para protetar contra la detención del alcalde de Van, ciudad de mayoría kurda del este de Turquía.rn
La policía utiliza agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestanes que se habían reunido este jueves para protetar contra la detención del alcalde de Van, ciudad de mayoría kurda del este de Turquía.


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“Diría que mis conclusiones son bastante sombrías”. Con esta frase, el relator especial sobre libertad de expresión, David Kaye, enviado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Turquía, resumía su semana de investigaciones en el estado euroasiático: “Creo que hay una sensación profunda de restricción a las libertades de opinión y expresión en todo el país”.


Desde el fracaso del golpe de Estado del pasado 15 de julio, la represión se ha exacerbado en Turquía. Unas 36.000 personas se encuentran en prisión de manera preventiva y más de 150.000 empleados han sido expulsados de la Administración Pública. Si bien en un inicio, toda la oposición defendió al Gobierno democráticamente electo y apoyó su proyecto de actuar contra la cofradía del clérigo Fetulá Gülen –a la que se acusa de la conspiración y que antaño fue un estrecho aliado de los islamistas en el poder-, las purgas y detenciones se dirigen ahora hacia todos los sectores críticos de la sociedad turca. Algo que el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han justificado en la necesidad de luchar contra los diferentes “grupos terroristas” que amenazan al país.

En una rueda de prensa este viernes en Ankara, Kaye dijo comprender la necesidad del Gobierno turco de luchar contra las amenazas terroristas y golpista pero, advirtió, “esto no significa que el Gobierno tenga un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana y restringir la libertad de expresión”. El relator de la ONU subrayó que la libertad de opinión “no puede ser sujeta a restricciones” y, sin embargo, durante su visita a Turquía ha podido comprobar cómo el Gobierno “impone restricciones que interfieren con diversos aspectos de la vida”.

El relator de la ONU para los derechos humanos, David Kaye, durante su comparecencia en Ankara.
El relator de la ONU para los derechos humanos, David Kaye, durante su comparecencia en Ankara. ADEM ALTAN AFP
De hecho, al inicio de su visita a Turquía, Kaye recordó que “ya antes del golpe, el espacio para voces críticas de académicos, periodistas, abogados y otros elementos de la sociedad civil estaba bajo amenaza”. No en vano, 155 de los detenidos tras la fallida asonada son periodistas y casi dos centenares de medios de comunicación han sido cerrados; al menos cuatro asociaciones de abogados y una de magistrados independientes han sido ilegalizadas; más de 6.000 académicos han perdido su trabajo en la universidad y la cúpula del tercer mayor partido del país, el prokurdo HDP, ha sido encarcelada. Por ello, el enviado de la ONU exigió la inmediata excarcelación de todos los informadores en prisión, pues la medida privativa de libertad “no es proporcional” a la necesidad del Gobierno de garantizar la seguridad pública.

La visita de Kaye, que se produce por invitación de las autoridades turcas, supone la misión de mayor nivel de un encargado de evaluar el estado de los derechos y las libertades desde el golpe de Estado. El objetivo ha sido principalmente examinar el estado de la libertad de expresión, ya que ningún relator de la ONU sobre esta cuestión había visitado Turquía desde 1996. Tras permanecer una semana entrevistándose con las autoridades turcas y representantes de diversos sectores sociales, el enviado emitirá un informe que promete ser muy crítico con la situación en el país.

Turquía ya obstaculizó el pasado septiembre la visita del relator especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, que ha sido pospuesta sine die. Méndez criticó duramente esta decisión pues varias organizaciones de derechos humanos y personas que han sido testigos de ello han denunciado malos tratos a los detenidos tras el golpe. Haciendo uso de las prerrogativas que le confiere el estado de emergencia declarado tras la asonada, el Gobierno turco ha ampliado de 4 a 30 los días que puede permanecer una persona retenida por la policía sin ser puesta a disposición judicial. Además, durante cinco jornadas el detenido no tiene acceso a abogados lo que, según varios letrados consultados por este diario, aumenta las posibilidades de que se produzcan torturas.ElPais

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