La última propuesta sobre asilo e inmigración, que incluía cuotas y reparto obligatorio de refugiados como solución a la crisis de 2015, generó una profunda división de la que la Unión Europea no se ha repuesto. El sistema migratorio no funciona y los Veintisiete no han sido capaz de arreglarlo en los últimos cinco años como evidencia la tragedia en el campo de refugiados de Moria (Grecia). La Comisión Europea aspira a superar este impasse con un nuevo pacto que propone utilizar la política al desarrollo como moneda de cambio para convencer a los países terceros a aceptar de vuelta a los inmigrantes irregulares que no cumplan los requisitos para permanecer en Europa, que plantea acelerar los procedimientos y las decisiones sobre asilo y expulsión y que crea un mecanismo de solidaridad flexible que no incluye cuotas de reparto obligatorias para evitar que el plan se estrelle contra las resistencias de países como Hungría.

El Ejecutivo comunitario es consciente de la sensibilidad que genera esta política en los Estados miembros, con países que se niegan en redondo a acoger a parte de los inmigrantes que desembarcan en las costas de países mediterráneos como Grecia, Malta, Italia o España para aliviar el peso que supone para estos países. Una negativa que ha llevado a campos abarrotados en las islas griegas y a barcos que no tienen donde atracar para desembarcar a los inmigrantes rescatados.

“Lo que estamos proponiendo hoy es una solución europea, reconstruir la confianza entre los Estados miembros y restaurar la confianza de los ciudadanos en nuestra capacidad de gestionar la inmigración como una unión. La UE ha probado en otras áreas que puede dar pasos para reconciliar perspectivas divergentes”, ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la aprobación del plan por parte del colegio de comisarios. “Es hora de responder al desafíos de gestionar conjuntamente la inmigración, con un equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad”, ha añadido.

Objetivo: aumentar las expulsiones
Para lograr ese equilibrio Bruselas propone construir la nueva política a partir de procedimientos más efectivos y rápidos en las fronteras exteriores para determinar quien puede quedarse en el continente europeo y quien debe ser expulsado. Todas las personas rescatadas en alta mar o que lleguen sin autorización previa serán objeto de un examen –sanitario y de seguridad- para determinar su identidad y si constituye una amenaza para la seguridad o salud pública.

La idea es comprobar de forma rápida quien tiene posibilidades de acceder al asilo y quien debe ser expulsado. Por ejemplo, según datos de la Comisión, cada año se rechazan unas 370.000 solicitudes de protección internacional pero solo un tercio de esas personas son repatriadas a sus países. Si la solicitud de asilo no está justificada, la persona en cuestión deberá ser deportada con rapidez y evitar que permanezca meses “en el limbo”. Para incentivar la aceptación por parte de los terceros países de sus nacionales, Bruselas propone negociar acuerdos a medida con los distintos países de origen utilizando la ayuda al desarrollo, la obtención de visados de trabajo o estudio así como otras ventajas económicas y comerciales. En este terreno, Bruselas propone nombrar un coordinador europeo de retorno para que el sistema sea más coherente.

Solidaridad a la carta
El segundo gran pilar del plan es la creación de un mecanismo de solidaridad permanente. Todos los Estados miembros, sin ninguna excepción, tendrán que contribuir y apoyar a los países que vivan una crisis migratoria o un pico en las llegadas aunque no habrá cuotas de asilo ni la reubicación será obligatoria. Para evitar que los países de Visegrado –Hungría, Polonia, República checa y Eslovaquia- y otros Estados miembros reacios a acoger inmigrantes veten el plan, Bruselas propone responder con “contribuciones flexibles”.

“Todas las preocupaciones merecen ser reconocidas y tratadas y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy. También hemos aprendido las lecciones de 2016. Las heridas y el fracaso de la UE para fomentar un acuerdo está muy presente en nuestras mentes y por eso tenemos que empezar con todo el mundo a bordo”, ha explicado el vicepresidente Margaritis Schinas.

Esto significa que los Estados miembros podrán negarse a acoger refugiados pero tendrán que ser solidarios de otra forma, por ejemplo, asumiendo la responsabilidad en la expulsión de inmigrantes irregulares sin derecho a permanecer en la UE o dando apoyo operativo. “Bajo los retornos patrocinados, los Estados miembros dará todo el apoyo necesario al Estado miembro bajo presión para que devuelvan con rapidez a aquellos que no tienen derecho a quedarse, con el Estado miembro que sale en apoyo asumiendo la plena responsabilidad (del inmigrante) si el retorno no se lleva a cabo en el plazo fijado”, señala la comunicación.

elperiodico

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