"El Comité llegó a la conclusión de que España no evaluó los requerimientos específicos del niño y no adoptó medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria", informó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
El niño en cuestión, con síndrome de Down, estudiaba en un colegio ordinario de León hasta 2009, cuando con 10 años y tras haber mantenido buenas relaciones con maestros y compañeros la situación "se deterioró".
En este momento "surgieron serias alegaciones de malos tratos y abusos por parte de su maestro", según relata la ONU, y se le negó un asistente de educación especial, por lo que el menor "comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar".
Un informe escolar llegó a hablar de "comportamiento perturbador" y "brotes psicóticos", además de "retraso en el desarrollo" por parte del niño.
A raíz de esta situación, en 2011 las autoridades educativas autorizaron el traslado de escuela del niño a centro de educación especial, pese a que sus padres mostraron oposición al cambio.
Los padres "denunciaron los abusos" e "impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa", por lo que en 2017 elevaron el caso a la ONU.
"Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, el Comité llegó a la conclusión de que España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva", apunta la organización.
Los expertos que evaluaron el caso consideran que el Estado español incumplió las obligaciones que le corresponden en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Un miembro del Comité, Markus Schefer, sostiene que las autoridades españolas no realizaron "un estudio profundo y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios" para que continuara en la escuela.
El Comité que se encarga de los derechos de personas discapacitadas pidió a España que el niño sea admitido ahora en un programa de formación profesional inclusiva, que se le conceda una indemnización y que se investiguen las denuncias de abuso.
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