La Comunidad de Madrid se ha autoimpuesto un reto mayúsculo.  Sin precedentes. Aislar 37 zonas sanitarias diferentes pobladas por casi un millón de habitantes de modo que nadie entre o salga de ellas sin un motivo justificado. Sus responsables dieron este sábado el primer paso para afrontarlo, al admitir su complejidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reconoció que es «muy difícil» controlar los perímetros de las áreas acotadas y que la policía solo hará controles aleatorios y disuasorios.

Los controles aleatorios se centrarán en preguntar a un cierto número de personas cuál es su justificación para transitar o salir de la zona. Ahí radica otra dificultad. Las excepciones son tantas que será complejo comprobar algunas. «Vamos a establecer que alguien acredite si va a trabajar, a la universidad o a los colegios», dijo el consejero. Eso parece fácil, pero ¿y si va a cuidar a un familiar, una de las excepciones previstas, cómo lo justifica?

Todas estas cuestiones y el operativo a desplegar empezarán a coordinarse en la reunión que este domingo mantendrán los responsables de seguridad de todos los municipios afectados, la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid. Varios ayuntamientos afectados ya se han quejado de que no se les informara con tiempo y han discutido, la oportunidad de la medida, pese a lo cual deberán ordenar a sus policías locales que colaboren. El Gobierno ya ha mostrado su disposición a facilitar efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil 

Tampoco está previsto controlar a las personas que ya hayan salido del barrio y pasen el día en cualquier otro sitio. Peinar toda la ciudad es otra tarea imposible. La queja de muchos restaurantes y bares iba ayer en esa línea. «A nosotros nos hacen cerrar a la 22.00, que es la muerte para un restaurante, pero los de aquí se irán dos calles más allá a los que estén abiertos», lamentaba el propietario de el propietario de un local del distrito de Ciudad Lineal.

Consciente de esta problemática, el propio consejero de Sanidad apelaba en sus declaraciones a «la responsabilidad individual» como último recurso para el cumplimiento de los confinamientos. La dificultad estriba en el rechazo con que ha sido acogida la medida en los barrios afectados.

Discriminación
Muchos vecinos se sienten discriminados y está calando la idea de que se les confina porque la mayoría son pobres e inmigrantes. La mecha que ha prendido esa llama la encendió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuando culpó al «modo de vida de los inmigrantes» de la difusión del virus en Madrid. El plan no incluye ninguna medida social compensatoria.  

Tampoco ayuda que la mayoría de expertos crean que va a ser un sacrificio casi inútil «porque además de llegar tarde está mal diseñado y la transmisión comunitaria está tan generalizada que es necesario ya decretar el estado de alarma y confinar zonas mucho más amplias». «No me gustaría estar en su lugar. Gestionar una pandemia es muy difícil, pero la verdad es que no se puede hacer peor que en Madrid», añade Pepe Martínez Olmos, secretario general de Sanidad bajo cinco ministros.

Se entiende que el eslogan de que el confinamiento es «injusto e ineficaz»  lanzado por la asociaciones de vecinos de los barrios afectados haya hecho fortuna, aunque en realidad las zonas se han escogido porque son las que presentan una más alta incidencia del virus. Pero el confinamiento es más difícil de lograr si la gran mayoría de la población no está convencida de que es necesario.

Ochenta organizaciones sociales y más de 300 personas, entre políticos, cargos públicos, intelectuales y activistas, la mayoría vinculados a Podemos y al partido de Íñigo Errejón, hicieron público ayer un manifiesto pidiendo la dimisión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus «declaraciones racistas e su incompetencia» en la gestión de la pandemia. 

elperiodico

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