El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó este martes un informe sobre las amenazas que representan los drones para la seguridad de los centros penitenciarios del país, por su aparente uso para introducir allí artículos de contrabando. Las autoridades expresaron también temores de que esos vehículos aéreos no tripulados puedan ser utilizados para fugas y en algún momento, incluso, tener capacidad suficiente para transportar a los propios reclusos.

"Los drones se han utilizado para entregar contrabando a los reclusos, y también podrían ser usados para vigilar las instituciones, facilitar los intentos de fuga o transportar armas peligrosas, como las de fuego o explosivos", indica el informe del Departamento de Justicia.

El año pasado, la Agencia Federal de Prisiones detectó 57 incidentes con uso de drones, y estima que su número en realidad podría haber sido más elevado. En una ocasión, los agentes recuperaron un dron que transportaba 20 celulares, 23 ampollas con drogas inyectables, decenas de jeringas y varias cajetillas de tabaco, entre otros artículos de contrabando.

"A medida que la tecnología de los drones va evolucionando, los funcionarios de la Agencia Federal de Prisiones nos dijeron que los futuros dispositivos podrían, incluso, tener capacidades de carga que permitirían sacar a un adulto de una prisión", indicó el informe.

Las modificaciones de los drones existentes ya permiten levantar a los humanos, aunque son demasiado caros, especialmente dado el limitado presupuesto de los reclusos, y también hacen mucho ruido, que puede compararse al de un helocóptero. Pero los drones más asequibles podrían potencialmente ser usados para estudiar rutas de escape o monitorear los cambios de guardia.

Ante esta situación, la Agencia Federal de Prisiones busca más dinero del Gobierno para hacer frente a las posibles incursiones de drones, aun cuando en febrero ya le asignaron 5,2 millones de dólares para los "sistemas de detección y mitigación".

El Departamento de Justicia se quejó de que las limitaciones legales impiden una respuesta más agresiva por parte de algunas instalaciones al tráfico de drones no autorizados, lo que en otras palabras significa que no pueden derribarlos. Incluso cuando la Agencia Federal de Prisiones está en su derecho de derribar un dron, debe obtener la autorización del fiscal general y de la Administración Federal de Aviación, que se ocupa de las restricciones sobre el uso del espacio aéreo.

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