Más de 200 organizaciones nacionales, tres plataformas de Derechos Humanos y 30 organizaciones internacionales le solicitaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia, cuyo actual mandato finaliza el próximo 26 de septiembre.
Las organizaciones dieron a conocer este lunes su decisión, expresada mediante una carta dirigida al Consejo de Seguridad con fecha del 26 de agosto.
Además, el documento se conoce a propósito de una reunión que habrá este martes entre dichas plataformas y organizaciones con miembros del órgano de las Naciones Unidas.
Sumado a la verificación que ha venido haciendo la Misión desde la firma del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas FARC, en noviembre de 2016, se ha solicitado incluir “de manera explícita” en el mandato de la misma tres puntos.
El primero es verificar el cumplimiento de las sanciones del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para todos los comparecientes, “así como los lugares donde serán ejecutadas las sanciones y el plan de seguridad y vigilancia que garantice la vida e integridad física de los sancionados y de las víctimas de estos territorios”.
El segundo punto tiene que ver con el seguimiento de la aplicación del enfoque de género y diferencial del Acuerdo, que según los firmantes, “es un logro que la humanidad reconoce, pero que requiere mayores recursos humanos y financieros”.
“Necesita concreción y procesos de verificación continuos en su aplicación en lo relativo a los compromisos con las mujeres y los pueblos étnicos”, dice la misiva.
Y el tercer punto habla sobre “el impulso y posible verificación” a la Resolución 2532 del 1 de julio de 2020 del Consejo de Seguridad de la ONU (que exige a los Estados miembros de la ONU propiciar un cese del fuego inmediato y global de los conflictos bélicos), e invitar al Gobierno colombiano y a los alzados en armas a “acoger el cese al fuego como una imperiosa necesidad ética que asegure el proceso de paz suscrito y brinde alivios humanitarios a comunidades rurales azotadas por la violencia de diversos grupos”.
“El Acuerdo Final estableció su centralidad en las víctimas, por ello crear un ambiente habilitante es fundamental para brindar respuestas a los efectos de la pandemia del COVID-19 y avanzar en la consecución de una paz completa”, añade el documento.
Las organizaciones lamentaron que en los territorios “la presencia militar está lejos de asegurar la vida y libertades de los ciudadanos y la paz”, y señalaron que desde la firma del Acuerdo hasta julio 15 de 2020, han sido asesinados en zonas militarizadas 971 líderes sociales y 215 personas en proceso de reincorporación.
anadolu
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