Mediante un comunicado emitido el lunes, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, denunció que la masacre y las ejecuciones extrajudiciales de los civiles Rohingya en el estado de Rajine (oeste de Myanmar) constituyen “graves crímenes de guerra”.

“En algunos casos, los musulmanes Rohingya han sido blanco de ataques indiscriminados, lo que puede constituir más crímenes de guerra o incluso crímenes de lesa humanidad”, recriminó Bachelet.

Transcurrido más de un año después de que la Misión de Investigación de la ONU para Myanmar denunciara el “genocidio” lanzado por el Ejército contra los Rohingya y ordenara una serie de medidas concretas para detener esa masacre, las autoridades birmanas no han hecho nada para mejorar la situación, e incluso han aumentado los ataques contra los Rohingya, condenó Bachelet.

“Actualmente se siguen produciendo ejecuciones extrajudiciales de civiles, desplazamientos en masa de civiles, detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia”, fustigó.

Las imágenes satelitales y los relatos de testigos indicaron que diferentes áreas del norte de Rajine habían sido quemadas en los últimos meses, agregó la alta funcionaria de la ONU para luego pedir una investigación integral sobre las atrocidades perpetradas por el Ejército birmano contra esa minoría musulmana.

La violencia contra los Rohingya, llevada a cabo por el Ejército y las tribus budistas, se intensificó en agosto de 2017. Miles de musulmanes fueron asesinados, y más de 900 000 sobrevivieron huyendo a países vecinos, donde ahora viven en campamentos de refugiados improvisados y superpoblados.

La crisis sanitaria desatada por la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, ha empeorado aún más la mala situación de miles de los refugiados Rohingya.

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