Un juez de la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, el magistrado Alfredo Jaimes Terrazas, emitió el lunes esta resolución justificando que el dirigente indígena ya no reside en Bolivia. 

Él actuó como juez en una demanda que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) presentó el 20 de febrero y cuestionó la postulación de Morales como candidato a senador por el departamento de Cochabamba por no cumplir el requisito de residencia permanente.

En rechazo al fallo del TSE, la defensa de Morales ofreció un amparo constitucional, pero la Sala Constitucional Segunda de La Paz votó en contra del recurso de amparo. No obstante, el órgano no decidió sobre la procedencia de la inhabilitación del exmandatario, por lo cual el juez vocal Jaimes determinó la controversia.

“Bajo amenazas y presiones de procesos, el juez tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo”, reaccionó Evo Morales en un mensaje emitido en su cuenta en Twitter.

El equipo de defensa de Morales, por su parte, explicó que, debido al rechazo del amparo, la resolución de inhabilitación sigue en vigencia y es poco probable que sea suspendida hasta los comicios ya que la revisión del veredicto podría demorar.

Morales había sido reelegido el 20 de octubre para un cuarto mandato, pero renunció a la Presidencia debido a una persecución contra sus simpatizantes y a la falta de apoyo de la Policía y las fuerzas militares, y tras una ola de protestas protagonizadas por la oposición, que desconoció su reelección.  

El exmandatario boliviano se halla exiliado en Argentina desde diciembre de 2019. El gobierno de facto de la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, preocupado por las actividades del depuesto presidente, ha emitido una orden de aprehensión en su contra si pisa el territorio nacional.

La Fiscalía del gobierno de facto, a su vez, ha acusado formalmente a Evo Morales por supuesto delito de terrorismo y pedido su detención preventiva.

El depuesto presidente repite una y otra vez que tales acusaciones en su contra son “ilegales e inconstitucionales”.

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