Un juzgado de primera instancia de Galicia ha sentenciado este miércoles que el Pazo de Meirás, al noroeste de España, es propiedad del Estado. Así, ordena a la familia del dictador Francisco Franco su devolución, sin ser indemnizada por los gastos en los que dice haber incurrido para su mantenimiento a lo largo de los últimos 70 años.

La jueza Marta Canales declara nula la donación realizada en 1938 y dice que la compraventa realizada el 24 de mayo de 1941 fue una "simulación". Este último documento es el que esgrimía la familia y fue con el que Franco, a título particular, inscribió el inmueble en el registro de la propiedad.

En la sentencia, de 400 páginas y hecha pública este miércoles, la magistrada estima íntegramente la demanda interpuesta por el Estado español, respaldada por la Abogacía del Estado y por el Gobierno de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial. En la otra parte, como demandados, constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

"Mala fe"
La magistrada entiende que no cabe restitución de los gastos a los que podría haber hecho frente la familia Franco, puesto que fue incorporado al patrimonio familiar de "mala fe" y porque el Estado asumió todos los gastos, además de la gestión y administración, de lo que fue la residencia estival de quien fuera jefe de Estado durante casi cuatro décadas.

Ley de Memoria Histórica
En la sentencia también se declara nula la parte de la escritura por la que los herederos del dictador se hicieron con el Pazo.

Además, la jueza expone que el mismo año en que se llevó a cabo la donación, se constituyó una Junta Pro Pazo del Caudillo para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional", por lo que sostiene que, en cualquier caso, la donación se realizó al jefe de Estado y no a la persona particular de Francisco Franco. 

La sentencia aún no es firme, puesto que puede ser recurridaante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Décadas de conflicto
El Pazo de Meirás lleva décadas siendo el foco de un conflicto entre la familia del dictador y las administraciones que reclaman su devolución al erario.

El inmueble fue construido a fines del siglo XIX y se convirtió en la residencia de la célebre escritora Emilia Pardo Bazán hasta su fallecimiento, en 1921. Más tarde, tras el golpe de estado y la guerra civil española (1936-1939), su propiedad pasaría a manos de la familia de Francisco Franco, quien se autoproclamó jefe del Estado bajo un régimen nacional-católico que duraría casi 40 años, hasta su muerte en 1975.

El origen de esa adquisición ha recibido múltiples críticas, pues se denunció que se había pagado gracias a las donaciones obligatorias de la ciudadanía en un momento, el de la posguerra, en el que había verdaderas carencias materiales en la población.

Durante la dictadura la familia Franco convirtió este Pazo en su residencia oficial de verano y, tras el deceso del general, sus herederos han mantenido la propiedad hasta la actualidad, aunque llegaron a ponerla en venta (que no se llevó a cabo) hace dos años por 8 millones de euros.

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