Organizaciones de derechos humanos y de víctimas de Estado en Colombia le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional surgido tras el acuerdo de paz con las antiguas FARC, que abra un macrocaso para investigar las relaciones entre agentes estatales y los grupos paramilitares en el país.

Asimismo, le solicitaron Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que contribuya a "identificar las causas explicativas y los patrones de conducta recurrentes” de las fuerzas estatales entre 2001 y 2008, gran parte del periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el céntrico departamento de Boyacá, en hechos en los que murieron más de un centenar de víctimas.

Estas peticiones, y otras, se recogen en el informe ‘Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad’, que se entrega este viernes a la JEP y a la Comisión de la Verdad por parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (Cajar), el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

El documento reconoce que si bien en algunos casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de bajo rango, aún “persiste la impunidad respecto de los máximos responsables”.

Por ello, solicita a la JEP “llamar a responder a los integrantes de la plana mayor” de la I Brigada y la V División del Ejército Nacional, así como a miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la SIJIN de la Policía Nacional, a quienes sindica de ser los responsables de los crímenes citados.

El informe incluye la masacre del Páramo de la Sarna (el 1 de diciembre de 2001), que cobró la vida de 14 personas, además de las ejecuciones extrajudiciales de 86 personas presentadas como guerrilleros muertos en combate (los denominados ‘falsos positivos’ y 18 casos más de asesinatos “bajo la modalidad de exterminio social”.

Según señalan las organizaciones, la masacre del páramo de La Sarna, el primer hecho documentado, “fue planeada y coordinada entre integrantes de la Primera Brigada del Ejército Nacional, la SIJIN y paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC)”.

Por este hecho, el Estado colombiano fue declarado responsable a través de la Policía y el Ejército en una decisión del Consejo de Estado de 2019.

El informe presentado profundiza en la presunta responsabilidad del comandante de la Primera Brigada, brigadier general Fabio Bedoya Correa, “quien a pesar de tener conocimiento sobre el inminente riesgo de ataque a la población civil, no tomó ninguna medida para prevenirlo, e incluso reposan pruebas en la decisión del Consejo de Estado para concluir que ordenó levantar el retén militar la noche anterior a la masacre”.

Igualmente, en el extenso documento se analiza la “presunta responsabilidad” del comandante del Batallón de Artillería No. 1 ‘Tarqui’, el coronel Jaime Esguerra Santos, quien “declaró que tuvo conocimiento de la ocurrencia de la masacre en horas de la mañana por información dada directamente por el comandante de la Policía, según consta en el fallo judicial que condenó al paramilitar Luis Afrodis Sandoval, de las ACC”.

“Para la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales, la sección de inteligencia de la Primera Brigada entregaba listas a las ACC con información de las personas que debían ser asesinadas; la mayoría de ellas eran habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o habían sido sindicadas arbitrariamente de cometer algún delito, o de ser ‘colaboradores’ o ‘integrantes’ de las guerrillas”, dice la CCJ en un resumen ejecutivo, al precisar además de tal intercambio de información, se produjo un acuerdo para que la Primera Brigada no atacara a los grupos paramilitares que tenían presencia en la zona, a cambio de dinero.

La nota también menciona que entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, personal de inteligencia de la Primera Brigada, de la Policía y del extinto DAS, “coordinaron y en algunos casos ordenaron a integrantes de las ACC la ejecución extrajudicial de 18 víctimas, las cuales fueron perpetradas durante octubre de 2002 y noviembre de 2003”, período en el que el brigadier general Germán Galvis Corona era comandante de la Primera Brigada.

Las organizaciones también piden a la JEP reconocer a las personas nombradas en el informe como víctimas, adoptar acciones para garantizar su reparación, y priorizar a la Primera Brigada como una de las unidades militares en el marco del caso 003, sobre muertes presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate (o falsos positivos).

anadolu

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