El parón económico decretado en España acabó de un plumazo con la oferta y provocó el hundimiento de la demanda, lo que ha terminado provocando la asfixia de muchas empresas, especialmente de medianas y pequeñas, la base del tejido productivo en España. Muchas se han visto obligadas a despedir a todos sus trabajadores y a echar el cierre. Son la parte más frágil de todo el tejido productivo y su capacidad para sobrevivir sin ingresos y sin actividad es muy limitada. Y en esta pandemia el respaldo que han recibido ha sido inferior al desplegado en otras economías. Las ayudas de Sánchez a las empresas han sido, por ejemplo, seis veces menores que en Alemania y la mitad que en Francia o Italia (medido en tanto por ciento del PIB). Y el apoyo al tejido productivo será decisivo para activar la recuperación económica.

De momento, e inmersos en una recesión, lo que se puede refleja la estadística de la Seguridad Social es que el tejido productivo está tocado. Durante los primeros dos meses de la pandemia (marzo y abril), un total de 142.000 empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social, un descalabró nunca visto antes en la historia. A medida que fueron avanzando las fases del desescalamiento por distintas partes de España, en mayo, junio y julio, la actividad empresarial comenzó a reactivarse y en este periodo la Tesorería de la Seguridad Social recuperó cerca de 55.644 empresas cotizantes. Esto se traduce en que el sistema ha perdido casi 90.000 compañías respecto a las que tenía en febrero, el mes anterior a que se declarara la pandemia. Así lo reflejan los datos de la estadística de códigos de cuenta de cotización que elabora mensualmente la Seguridad Social, un indicador de la marcha de la actividad empresarial y un indicador también de cómo marchan los ingresos del sistema, afectado por un déficit de unos 18.000 millones y una deuda que este año alcanzará los 100.000 millones.

Habrá un antes y un después del 12 de marzo de 2020 en el mercado laboral español. Desde entonces se ha desandado mucho de lo avanzado en los últimos años, un revés sin precedentes de todos los indicadores económicos. Las cifras de la Seguridad Social reflejan que la cifra de empresas que cotizan está situada hoy en 1.403.578, la más baja desde 2014, el año en el que la economía española comenzó a crecer y a crear empleo tras seis largos años de crisis.

Los datos que elabora el departamento que dirige José Luis Escrivá son solo un anticipo del impacto que tendrá la pandemia en el mercado de trabajo, según las fuentes empresariales consultadas por ABC, una realidad que no se conocerá hasta que concluya la vigencia de los ERTE por fuerza mayor, que afectan todavía a cerca de un millón de trabajadores y volverán a prorrogarse. Hoy los servicios de empleo pagan prestaciones a casi cinco millones parados, los casi 3,8 millones registrados, que son los que ya estaban en desempleo antes de la crisis sanitaria y los que perdieron su empleo desde entonces, y los afectados por regulaciones temporales. En este último caso no trabajan pero siguen cotizando a la Seguridad Social porque su empleo solo suspendido. En mayo se alcanzó el nivel máximo de protección con casi seis millones en el desempleo.

Son ya muchos los empresarios, economistas y analistas que ya aventuran un aumento de las quiebras si esta protección no se extiende hasta finales de año, especialmente en el sector turístico, machacado por el coronavirus.

«No podrán sacar a sus plantillas de los ERTE por causa de fuerza mayor el 30 de septiembre; solo si el plazo se amplía o reciben ayudas directas podrán aguantar el duro tirón», asegura una fuente empresarial. Recalca que, de lo contrario, la única salida que tendrán será el despido de los trabajadores o el cierre de un número de establecimientos.

La crisis del coronavirus no está impactando por igual en todos los países y las medidas para sostener a las empresas durante los meses de confinamiento serán decisivas para activar la recuperación posterior. Y España no destaca precisamente por su apoyo a los empleadores. Por ello los economistas y compañías han reclamado para España más medidas para fortalecer el colchón que proteja al tejido empresarial.

Así, el apoyo dado por Francia a sus empresas equivale al 23% del PIB, el de Alemania, al 60%; el de Italia, al 21%; el del Reino Unido, al 17%. Mientras, España sólo destina el 11%». Es decir, las medidas adoptadas por el Ejecutivo tienen un peso seis veces menor al de Alemania y la mitad que el de Italia y Francia, siendo similar a los planes aprobados por Reino Unido, según un informe de la patronal de grandes superficies, Anged.

Es aquí donde se deja sentir el distinto margen fiscal de los países. España desaprovechó 2019 para reducir su déficit y lo aumentó del 2,5% al 2,6% del PIB. De esta forma, Alemania, que contaba superávit y una deuda pública del 59% del PIB antes de que estallara la crisis, es la que está desplegando un plan más ambicioso en Europa con reducción de pagos anticipados en Sociedades e IRPF, multas por demora que no se cobrarán hasta el año 2021 a deudores afectados y aplazamientos más o menos generalizados. El margen fiscal acumulado durante años explica esta situación tan dispar.

abc

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