A la espera de la decisión final del Tribunal Supremo de Cabo Verde sobre la extradición de Álex Saab, el Gobierno de Estados Unidos ha amasado pruebas suficientes del papel central de este empresario colombiano en una gran trama internacional de tráfico del oro y el petróleo de las reservas venezolanas con el objetivo de enriquecer a la cúpula del chavismo, incluidos allegados del presidente Nicolás Maduro, según dicen fuentes conocedoras de esas pesquisas a ABC. A Saab se le conoce comúnmente como el testaferro de Maduro, y desde hace un año está en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteamericanas amasan también pruebas sobre sus lazos con Irán.
Según dicen esas fuentes a ABC, «Saab es el arquitecto de una red a gran escala que sirve para generar ganancias ilícitas al régimen de Maduro, a partir del tráfico de oro y el petróleo. Tanto Saab como el régimen de Maduro se han beneficiado de millones de dólares a costa de los venezolanos que no pueden proporcionar alimentos básicos y refugio a sus familias».
Más allá de unos cargos presentados en julio de 2019 por la Fiscalía de Florida, EE.UU. ha recabado pruebas sobre un supuesto fraude orquestado por Saab en los programas de ayuda humanitaria en Venezuela que le ha hecho millonario, aunque ha ocultado sus posesiones mediante supuesto alzamiento de bienes y sociedades fantasma.
Saab tuvo su primer contrato con el régimen chavista en 2011, al hacerse cargo de la construcción de viviendas de bajo coste por 685 millones de dólares. A la firma del acuerdo en noviembre de aquel año acudieron los entonces presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, además de Maduro en calidad de canciller. Ese contrato le permitió a Saab, según la Fiscalía norteamericana, establecer toda una operación de lavado de dinero tras lograr una tasa de cambio muy ventajosa por parte del Gobierno de Venezuela.
Papeles de Panamá
El nombre de Saab también apareció en los llamados Papeles de Panamá, ya que según esos documentos utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca para establecer entre otras las empresas opacas Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. Durante el proceso sobre su extradición en Cabo Verde, los abogados de Saab, comandados por el español Baltasar Garzón han denunciado «el carácter político de este caso». «Está en juego la vida y la libertad de una persona para la que, de momento, ninguna de las acusaciones hechas por EE.UU. ha sido probada», dijo Garzón en un comunicado. Saab fue arrestado en junio en Cabo Verde, donde se hallaba, según su defensa, con pasaporte diplomático y en misión para adquirir recursos humanitarios para la pandemia de Covid-19.
Había pedido la extradición de Saab EE.UU. para que rinda cuentas por los cargos presentados en Florida. Aunque Cabo Verde no tiene un tratado de extradición con EE.UU., un juzgado autorizó la entrega.
Tras el arresto de Saab, la Fiscalía colombiana también anunció cargos contra el empresario por lo que describió como «actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada».
Posteriormente, la Policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados, con un valor total estimado de 10 millones de dólares. Saab tiene doble nacionalidad, venezolana y colombiana. A parte de las causas que Saab tiene abiertas en Colombia y EE.UU., las autoridades estadounidenses han seguido amasando supuestas pruebas del papel central de este empresario en la liquidación de los recursos de los venezolanos a cambio de fondos para la cúpula del régimen chavista y sus allegados.
Las fuentes consultadas por ABC ponen de relieve que Saab fue el artífice de una trama de extracción de crudo venezolano a dos empresas mexicanas, Schlager y Libre Abordo, por medio de un programa por el que supuestamente ambas tenían que haber pagado con alimentos de primera necesidad –maíz y agua potable– por motivos humanitarios. Finalmente 30 millones de barriles de crudo se canjearon por apenas 500 contenedores de agua potable, un precio que esas fuentes califican de «ridículo».
Otras fuentes conocedoras de las pesquisas aseguran a este diario que disponen de pruebas de que Saab fue el negociador clave en la adquisición de gasolina iraní, que en mayo comenzó a llegar a las costas de Venezuela en un claro desafío del régimen de sanciones impuesto por EE.UU. contra la dictadura de Maduro. Ese fuel, según la investigación, lo pagó el chavismo a Irán con empresas opacas que son supuestamente propiedad de Saab. En un principio, Estados Unidos dejó que los primeros cargueros arribaran a puerto venezolano, pero hace 10 días abordó uno de ellos, y se incautó de más de un millón de barriles de gasolina. Aunque Venezuela dispone de grandes reservas de petróleo, el régimen es incapaz de refinar su propio crudo, que debe adquirir a precios exorbitantes.
Nueve toneladas de oro
El pago de esa gasolina, según esas mismas fuentes consultadas por ABC, es con oro de las reservas de los venezolanos. De momento, según estima EE.UU., se han satisfecho nueve toneladas de oro. Esa cantidad la reveló antes del verano la diplomacia de EE.UU., al denunciar que Caracas y Teherán han estrechado lazos.
De hecho, al ser arrestado el 12 de junio en Cabo Verde, Saab se encontraba repostando un jet privado de camino a Irán. Las fuentes relacionadas con la investigación aseguran que el objetivo de Saab en esta ocasión era adquirir un avión para poder crear una ruta directa entre Venezuela e Irán, algo que ha negado el chavismo.
Después de que EE.UU. sancionara a la petrolera estatal de Rusia por comerciar el crudo venezolano, Maduro solicitó ayuda a Irán, que envió tanto gasolina como químicos para refinar petróleo.
Según el Tesoro norteamericano, que dictó sanciones contra Saab y varios socios suyos el año pasado, estos amasaron verdaderas fortunas vendiendo al régimen de Maduro miles de toneladas de alimentos humanitarios de baja calidad y con precios astronómicos, dentro del programa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap). El resultado es que los más afectados por la crisis humanitaria de Venezuela recibieron alimentos insuficientes y de bajo valor nutricional por un coste exorbitante para el Estado.
Dicen esas fuentes consultadas por ABC que «la fortuna personal de Álex Saab la ganó este mediante la manipulación de los miembros más vulnerables de la sociedad venezolana: aquellos que carecen de seguridad alimentaria. No solo se hizo millonario a costa de ese hambre, sino que también enriqueció a otros miembros del régimen de Maduro. El hecho de que se enriqueciera a costa de un programa diseñado para alimentar a los hambrientos es un reflejo de su falta de humanidad. Mientras la gente pasaba hambre, Saab acumuló propiedades de lujo, incluidas las ocho propiedades incautadas recientemente en Barranquilla».
El 15 de agosto, el equipo de la defensa de Saab presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde contra la decisión de extradición dictada el 31 de julio por el juzgado de casación de Barlavento. La corte tiene hasta 80 días para pronunciarse sobre este recurso. Será la decisión final sobre si Saab puede ser juzgado por los delitos que se le imputan y los otros que investiga la Fiscalía en Estados Unidos.
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