Nicolás Maduro avanza en la preparación de un parlamento hecho a su medida, cuyos próximos comicios de diciembre van contra viento y marea pese al rechazo y repudio que ha despertado en la comunidad internacional por la falta de transparencia, apertura política y limpieza en la convocatoria.
Lo último que ejecutó el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, su brazo jurídico, fue intervenir los partidos que integran el Polo Patriótico, que desde de la época de Hugo Chávez ha servido de plataforma política para que el chavismo se consolidará en el poder hace 21 años.
La intervención ilegal e inconstitucional de las organizaciones chavistas por parte del TSJ supone la desintegración de su partido al cambiar sus directivas actuales por unas más leales e incondicionales con el régimen. Confiscar sus símbolos, colores y banderas de identidad y designar nuevas autoridades de las organizaciones.
Por ejemplo, el régimen encarceló a José Pinto, secretario del Movimiento Tupamaros, y designó en su lugar a William José Benavides Rondón. También intervino a las organizaciones del Polo Patriótico como Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido Comunista de Venezuela PCV, que aprovecharon unos días antes de formar una coalición paralela.
Once organizaciones confiscadas
Desde 2013, cuando Maduro asumió el mando con una ínfima y dudosa ventaja de 1,5 puntos frente a su adversario opositor Henrique Capriles, el Supremo tribunal ha confiscado once organizaciones políticas chavistas y opositoras.
El objetivo de Maduro es formar un parlamento totalmente sumiso sin disidentes, solo con aliados comprados con sobornos dentro de la denominada «operación alacrán» en marcha desde noviembre del año pasado para evitar que la futura Asamblea Nacional chavista se convierta en una «rebelión de la granja».
Maduro teme que en su eventual parlamento surjan rebeliones políticas internas y para evitarlo ha tomado el control de las organizaciones de aliados que lo han acompañado pero que están descontentos por su mala gestión y la crisis compleja en la que ha sumido a los venezolanos.
En los chats de las redes sociales las críticas de los chavistas contra Maduro ya no son tan veladas y disimuladas como antes. La pobreza generalizada alcanza al 96% de la población que no tiene las mínimas condiciones para sobrevivir durante la pandemia del coronavirus.
El mismo Maduro ha elogiado la operación parlamentaria, asegurando que cuenta con «más de 102 partidos que me acompañan». Estos partidos tanto chavistas como opositores confiscados son los que van a aparecer en el tarjetón de votación en diciembre, sin una pisca de opositores.
Néstor Francia, un analista chavista acérrimo, dijo en un programa de televisión digital que las próximas elecciones parlamentarias «están hechas para que gane el Partido Socialistas Unido de Venezuela (Psuv), aun siendo minoría».
Rechazo de Guaidó a los comicios
El presidente interino y presidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha calificado de «fraudulentas» las elecciones legislativas y que los partidos opositores confiscados no se prestarán para participar en las «fraudulentas» elecciones.
Maduro, cuya cabeza tiene una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por la justicia de EE.UU., ha ido despejando el camino para eternizarse en el poder, eliminando a sus adversarios opositores y posibles rivales chavistas. Así lo hizo con el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, al ordenar su captura internacional y eliminar su programa de televisión en la reanudada Directv.
Todavía le quedan otros grupos chavistas sumidos en guerras intestinas por el poder, entre ellas, la de su eterno rival Diosdado Cabello. Para diciembre Maduro anunció que dejará de existir la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), presidida por Cabello el número dos del régimen, porque será reemplazada por la futura AN madurista.
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