Los empresarios manifestaron que su principal preocupación era la percepción negativa de la actual imagen de Brasil en el exterior debido al mal manejo socioambiental. “Esa mirada negativa tiene un enorme potencial de prejuicios para nuestro país, no solo desde el punto de vista de la reputación, sino que también dificulta los negocios y otros proyectos fundamentales”, dice la carta.

Además de la lucha contra la deforestación, el grupo propone la inclusión social y económica de las comunidades locales y la minimización del impacto ambiental en el uso de recursos naturales en la región. “Precisamos comenzar a tomar las decisiones correctas para que nuestras inversiones sean destinadas a enfrentar la crisis y recuperar nuestra economía, en un modelo de economía circular, de bajo carbono e inclusiva, sin conflictos entre la producción y la conservación de la naturaleza”, concluyeron los empresarios.

En paralelo a la carta del grupo, 12 fiscales de la República se unieron para pedir la remoción de su cargo del ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, acusándolo por la “destrucción de las estructuras fundamentales de protección de la naturaleza”. Si bien Salles aún continúa en el gobierno federal, se encuentra bajo la lupa del presidente Jair Bolsonaro, quien se mostró muy preocupado ante el reclamo de empresarios nacionales y, sobre todo, de los inversionistas provenientes del extranjero.

La presión sobre Bolsonaro y sus ministros creció cuando el Deter, un programa del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), que mide la tala de la selva amazónica casi en tiempo real, demostró que en el último mes de junio aumentó la deforestación con respecto al año anterior, con lo que se convirtió en el décimo cuarto mes consecutivo de crecimiento de las cifras y en el mes con el número de deforestación más alto desde 2016.

Según el último informe, en julio esas cifras bajaron en un 27% (con 1.654 km² deforestados) con respecto al mismo mes del año anterior, pero cabe aclarar que la superficie dañada continuó su crecimiento y que julio de 2019 fue un mes récord, con más de 2.000 km² de deforestación.

Al comparar junio de 2019 con junio de 2020, la destrucción de la selva amazónica aumentó casi un 10%, alcanzando la cifra más alta de kilómetros cuadrados destruidos desde que la devastación comenzó a ser oficialmente monitoreada y controlada, en 2015. Entre los últimos meses de junio y julio, por citar el último bimestre, se registraron más de 2.600 km² devastados.

La preocupación de los empresarios brasileños con respecto a la imagen del país en el exterior encontró su demostración más contundente en una videoconferencia que Mourao mantuvo con representantes de fondos inversores de Reino Unido, Suecia, Japón, Holanda y Noruega, quienes forman parte de un grupo de 29 gestores de capital que, en conjunto, administran cerca de 4.000 millones de dólares.

El encuentro terminó con un ultimátum de los fondos extranjeros, quienes explicaron que para medir el compromiso del Estado brasileño con el área ambiental tendrán en cuenta factores como “la reducción significativa de las tasas de deforestación, la implementación de un código forestal, la prevención de incendios en la Amazonia y la publicación transparente de datos de preservación”.

“Continuaremos monitoreando lo que suceda aquí en Brasil para medir nuestra exposición a los riesgos financieros que provienen de la devastación forestal”, afirmaba el grupo en una carta difundida por Storebrand, un fondo de pensiones noruego que actúa como vocero en la acción conjunta.

“Los entendemos y es lógico que pretendan resultados. Por nuestra parte, intentaremos continuar arrinconando y castigando a quienes hacen deforestación ilegal para, de esta forma, llegar a un número aceptable”, replicó Mourao tras el encuentro.

El pedido de hacer una reunión por parte del consorcio de inversores extranjeros, a mediados de julio, llegó justamente durante el comienzo de la “época seca” en la Amazonia, periodo en el cual se producen más incendios forestales, que anteceden la tala ilegal de madera y la explotación de tierras.

Poco después del tenso encuentro con los inversores extranjeros, el Gobierno comandado por Bolsonaro extendió hasta el próximo 6 de noviembre la acción Verde Brasil 2, un programa que le dio libertad -y mucho dinero- al Ejército brasileño para combatir incendios forestales en la región y comenzó a regir en mayo de este año.

Además, el 16 de julio y casi en tiempo récord, se publicó un decreto firmado por el presidente Bolsonaro y el ministro Salles en el cual se prohíben las quemas en todo el país por un periodo de 120 días. “Esto puede traducirse como una actitud del gobierno federal de que no toleraremos quemas. Quien decida hacer quemas en las regiones más afectadas, Amazonas y Pantanal, sepa que estará incurriendo en un grave delito”, dijo Salles en declaraciones a la radio Bandeirantes, poco después de poner en funcionamiento el decreto.

Si bien la presión de los inversores, nacionales y extranjeros, parece ser un punto de partida para el control ambiental en la Amazonía y otros biomas brasileños, algunos especialistas creen que tanto el decreto como las acciones militares son apenas una forma de burda propaganda política, casi “un teatro”.

“Nadie le cree nada a este Gobierno cuando habla sobre medioambiente. Está demostrado. Bolsonaro lleva más de un año y medio en el gobierno y nunca mostró ningún plan al respecto”, dice el ambientalista Marcio Astrini. “Por más que intenten engañar a los inversores, ellos van a querer resultados, números, y no creo que haya algo positivo para mostrar después de todo este tiempo que le dieron la espalda a la deforestación desde el Gobierno”, agregó el Secretario Ejecutivo del Observatorio del Clima.

Astrini también mencionó que Lubia Vinhas, investigadora responsable del monitoreo de la devastación forestal en el Inpe fue despedida de su cargo tras divulgar los datos de la deforestación en el Amazonas, que contrariaba las promesas que Bolsonaro y sus ministros les habían hecho a los inversionistas.

“El Gobierno intenta maquillar estadísticas y hechos. Insiste en cambiar la imagen de la Amazonía, pero sigue sin querer cambiar la realidad”, sostiene Mariana Mota, coordinadora de Políticas Públicas de Greenpeace Brasil. “De todas formas, todo el mundo está viendo que la deforestación de la región está batiendo récords y la temporada de quemas criminales promete ser peor que la de 2019”, agrega.

En las últimas horas, el Instituto Brasileño de Medioambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), uno de los órganos que se vio afectado por la acción militar en la Amazonía, ya que ha sufrido graves recortes de fondos, publicó una nota en la cual, según la investigación de 600 empleados, hubo un aumento del 34% en la deforestación consolidada entre agosto de 2019 y julio de 2020, comparado con el mismo periodo entre 2018 y 2019.

En síntesis, la devastación del Amazonas en estos últimos 12 meses puede llegar a 13.000 km² destruidos en total. “Eso significa un aumento del 28% en relación a 2019 y un 72% si tenemos en cuenta el año 2018”, explica la nota.

En tanto, una investigación conjunta entre el periódico Folha de Sao Paulo y el Instituto Talanoa (especialista en clima y temas socioambientales) señalaba que el Gobierno comandado por Bolsonaro firmó 195 actas relacionadas con el tema ambiental entre marzo y mayo de este año, los meses en los cuales la pandemia del COVID-19 se aceleró en el país. En ese mismo periodo, pero en 2019, se publicaron 16 actas, lo que significa que este año el número fue 12 veces mayor.

Entre esos decretos y acciones publicados oficialmente figuran varias medidas para hacer cumplir las leyes o completar su aplicación contra la deforestación. Sin embargo, según apunta el análisis, también existen medidas que pretenden cambiar la legislación. De acuerdo con la investigación de Folha y Talanoa, “estas maniobras se encuadran en lo que el ministro Salles defendió en la famosa reunión ministerial del pasado 22 de abril, que terminó con la renuncia de Sergio Moro”.

En el encuentro, Salles pretendía aprovechar que toda la prensa estaba “distraída con el tema del COVID para cambiar todo el reglamento medioambiental e ir simplificando normas”. En ese sentido, organizaciones ambientalistas y especialistas vieron claras señales de que el ministro de Medioambiente intentaba desmontar las políticas ambientales previstas por la ley, pero advirtieron que cualquier cambio debería pasar por el poder Legislativo.

Posteriormente, Mourao les ofreció a los fondos inversores sumarse a uno de los últimos proyectos del Gobierno, llamado “Adopte un Parque”. La idea es ofertar más de 100 parques nacionales para empresas privadas que estén interesadas en “mantener y conservar estos espacios verdes”, en un área correspondiente al 15% de los 4.200.000 km² de la región amazónica brasileña.

Al mismo tiempo, el vicepresidente renegocia con fondos noruegos y alemanes para que reactiven sus inversiones en la Amazonía, después de haberlas suspendido el año pasado, tras las crisis de los incendios.

anadolu

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