El recurso presentado por James involucra a cuatro individuos, incluido su jefe ejecutivo, Wayne LaPierre, con el objetivo de disolver el grupo de defensa de las armas y de acusar a los altos ejecutivos de “años de tratos ilegales” que sirvieron para crear un “estilo de vida lujoso”.

“La NRA está plagada de fraudes y abusos, por eso, hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley”, declaró James.

La fiscal general aseveró que los ejecutivos de altos rangos han utilizado a la corporación como “una alcancía personal” y que millones de dólares de las reservas de la NRA fueron usados en viajes para ellos y sus familias.

Entre los acusados se encuentran además Wilson Phillips, extesorero, Joshua Powell, director ejecutivo de operaciones generales; y John Frazer, secretario corporativo y asesor general. A ellos se les acusa de no administrar apropiadamente los fondos de la NRA y acatar las leyes, y se les atribuye además la pérdida de más de USD 64 millones en tres años.

Por su parte, Racine escribió en su cuenta de Twitter que “los donantes han dado dinero para financiar la seguridad de las armas de fuego, la educación sobre armas de fuego y el entrenamiento de puntería. En cambio, ese dinero se ha desviado para apoyar el gasto derrochador de la NRA y sus ejecutivos”.

El fiscal aseguró que la NRA ha tomado cinco millones de dólares en dos ocasiones de la fundación de caridad de la asociación, una vez en 2017 y otra en 2018.

“Al permitir que sus fondos se desvíen de fines caritativos y se desperdicien en la NRA de manera inadmisible, la Junta de Fideicomisarios de la Fundación no ha podido proporcionar una supervisión significativa y ha fallado en sus deberes fiduciarios”, se lee además en la demanda presentada por la fiscal.

anadolu

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