Está previsto que el ultraconservador, Andrzej Duda, jure su cargo de presidente de Polonia el próximo 6 de agosto, después de la victoria en las elecciones del pasado domingo, en las que obtuvo el 51,2% de los votos. La presidenta del Sejm, Elzbieta Witek, ha convocado ese día a la Asamblea Nacional, compuesta por las dos cámaras parlamentarias, para proceder a la investidura que concederá tres años más al Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) para continuar con su controvertido proceso de reformas, cuestionado por Bruselas. Sin embargo esa ceremonia ha quedado ahora en un limbo legal, después de que haya sido presentada una queja ante el Tribunal Supremo polaco que argumenta que Duda contó con el apoyo ilegal del «aparato estatal», además de otras irregularidades relacionadas con la convocatoria de las presidenciales, cuya fecha estuvo bailando hasta el último minuto a causa de la pandemia. Firma la demanda Borys Budka, líder de la liberal Plataforma Civil (PO), que exige la anulación de los resultados de los comicios.

La legislación polaca prevé independencia entre la Presidencia (jefatura de Estado) y el gobierno. Duda, de hecho, hubo de dejar de ser militante del PiS en 2015 para poder presentarse por primera vez al cargo, aunque sus vínculos con el partido no son ningún secreto. El PO denuncia que el PiS puso a disposición de la campaña de Duda recursos del Ministerio de Exteriores y se implicó en su promoción con posiciones en los medios de comunicación polacos. También acusa a la televisión pública polaca TVP de sesgo en su cobertura, con un historial de tiempos y emisiones dedicados a cada uno de los candidatos que prueba que Duda obtuvo considerablemente más minutos de atención televisiva y comentarios más favorables. La demanda acusa al Pis de «ayuda ilícita» a Duda, en la que incluye «recursos financieros», que incluso el primer ministro polaco, Mateusz Morawieki, modificó su agenda para poder asistir a los principales actos de campaña de Duda y denuncia además que la precipitada convocatoria y confirmación de la fecha excluyó de su derecho a voto a ciudadanos polacos residentes en el extranjero, cuya papeleta no puedo llegar a tiempo por correo. Dada la escasa diferencia en el resultado de los dos candidatos a la Presidencia, apenas unos miles de votos, el voto extranjero podría ser clave porque en ese espectro recibe mucho más apoyo que Duda su contrincante, el alcalde de Varsovia y europeísta Trzaskowski.

«Hemos solicitado que sea invalidado el proceso electoral, la consecuencia lógica debería ser una repetición de las presidenciales», ha declarado el líder el PO, Borus Budka, «porque estas elecciones no han sido justas y no han cumplido con el requisito del voto universal». «Ha sido un proceso deshonesto, de eso estamos convencidos, y y es lo que, a la luz de las pruebas, esperamos que también vea el Supremo». Las implicaciones de esta sentencia, sin embargo, pueden ir bastante más allá de una repetición de los comicios, puesto que la demanda acusa a «todo el aparato estatal» de haber violado la ley electoral polaca, por lo que el gobierno en toda su extensión podría haberse afectado. Se trata de una denuncia muy amplia que puede afectar a cientos de funcionarios y cargos públicos. A ella se han anexado, además, las quejas de irregularidades de 2.000 personas que no pudieron votar por problemas en el registro o porque su voto por correo no pudo llegar a tiempo y se espera que en los próximos días se sigan añadiendo anexos, puesto que esta primera cifra es fruto solamente de las quejas recibidas durante los tres primeros días después de la segunda vuelta de la votación.

«Hasta ahora se han sentido impunes, pero es responsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos hacerles saber que no lo son», ha dicho la también perteneciente al PO Barbara Nowacka, 2estos comicios no han sido justos y es nuestro deber denunciarlo, quienes gobiernan deben saber que son escrutados porque, de lo contrario, seguirían sintiéndose impunes y en las próximas elecciones apretarían un poco más las tuercas. Estamos luchando por la democracia y por el Estado de derecho polaco».

La Constitución de Polonia establece que, una vez presentada la demanda de impugnación, el Supremo tiene de plazo para emitir un veredicto hasta el 3 de agosto, por lo que la convocatoria de la Asamblea Nacional se mantiene hasta conocer la sentencia.

La primera muestra de apoyo a la demanda desde el exerior ha llegado desde la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE, que ha reconocido que el resultado electoral ha sido «empañado» por la cobertura informativa parcial de la televisión pública polaca y que ha criticado la campaña de Duda, «marcada por una retórica homófoba y antisemita», según un comunicado de la institución.

abc

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