Las autoridades de Estados Unidos han confiscado 81 vehículos, cuyo valor estimado es de 3,2 millones de dólares (2,8 millones de euros), que el empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín se disponía a enviar al régimen de Venezuela. Entre los coches requisados, que están de momento en depósito en el puerto marítimo Everglades (Florida), hay muchos de alta gama, incluido un todoterreno biturbo de Mercedes cuyo precio de mercado supera los 150.000 dólares. Según el departamento de Seguridad Nacional norteamericano, la exportación de esos vehículos hubiera violado las sanciones contra el régimen chavista, en pie por abusos de los derechos humanos.

«Todo esto forma parte de un esfuerzo continuado para combatir la corrupción de las instituciones públicas en el extranjero y, en particular, la corrupción pública en Venezuela, el lavado de dinero, la sustracción de los recursos del pueblo venezolano y el robo de la riqueza venezolana depositada en el Tesoro nacional, para el beneficio de unas pocos personas políticamente expuestas, que son unos cleptócratas, además de sus socios», según Anthony Salisbury, director de la oficina de investigaciones en Miami del departamento de Seguridad Nacional, quien describió esta incautación como «la punta de un iceberg».

La trama
Según esta investigación, el empresario venezolano Gorrín es el centro de esa trama de tráfico de vehículos para disfrute de los jerarcas del chavismo y sus familiares. Gorrín es un magnate venezolano de los medios de comunicación, hasta hace un tiempo considerado cercano al régimen de Maduro. En 2018 fue acusado por la Fiscalía estadounidense de pagar sobornos por un monto estimado de 159 millones de dólares en canje por operaciones con divisas extranjeras, además de blanquear sus ingresos con viviendas de lujo en Manhattan y Florida. En 2019, el Tesoro le sancionó por supuesto lavado de dinero.

La Justicia de EE.UU. lo considera prófugo, y no ha habido juicio. Lo cierto es que antes de que se presentaran cargos en su contra, Gorrín intentó hasta negociar acuerdos de la Administración Trump con el chavismo, presentándose como un mediador afincado en Miami. Hay incluso una fotografía de él dándole la mano al vicepresidente, Mike Pence, durante una visita de este último a Florida.

A Gorrín, sin embargo, no se le ha imputado ahora ningún delito relacionado con el tráfico de estos vehículos. Este diario intentó contactar con sus abogados, que no respondieron a los mensajes en los que solicitó su valoración sobre las acusaciones verbales, de las que informó primero el diario de Florida «The Miami Herald». La ley de EE.UU. manda que cualquier incautación que supere los 500.000 dólares debe ser notificada al infractor, y este tiene el derecho de llevarla a juicio, para recuperar sus bienes si estos fueron obtenidos de forma legítima.

Según los investigadores, las primeras pistas sobre este tráfico de vehículos las recibieron los agentes federales estadounidenses de Colombia, desde donde se iban a introducir los coches en Venezuela. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en Florida comenzaron a identificar vehículos en abril con documentación falsificada o que habían sido robados, con el VIN, o número de identificación para cada vehículo, borrado. Los agentes aseguran que seguirán incautándose de vehículos.

Más de 450 millones
Según mantiene el departamento de Seguridad Nacional, desde que Trump llegó a la Casa Blanca en 2017, los agentes estadounidenses se han incautado de más de 450 millones de dólares de jerarcas venezolanos y sus empresarios afines, incluidos yates, limusinas, jets, lofts, mansiones y hasta caballos y caballerizas, además de depósitos en cuentas bancarias. Y paralelamente, la Casa Blanca ha dictado varias rondas de sanciones que han hundido, entre otras cosas, el mercado del crudo venezolano.

Privados de su acceso a los mercados internacionales, y hasta de la posibilidad de vender crudo, los altos mandos del chavismo han estrechado sus alianzas con Irán y con Rusia. Sin embargo, un juez federal de EE.UU. autorizó la semana pasada a la Administración Trump el abordaje de cuatro cargueros propiedad de navieros griegos y de bandera liberiana, para la incautación de la gasolina y los químicos que Irán planea enviar a puerto venezolano. La Fiscalía estadounidense alega que esos envíos son un instrumento para que la Guardia Revolucionaria iraní «ejerza una mayor influencia» sobre el régimen chavista, lo que considera una amenaza para los intereses de EE.UU. en el continente americano.

abc

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