En esta ocasión han sido el viceministro del Interior, Rubén Vargas, y el fiscal dedicado al crimen organizado, Jorge Chávez, quienes han denunciado a Orozco por dejar en libertad a 26 civiles y 3 policías que supuestamente formaban parte del grupo criminal. Los 29 liberados fueron detenidos en una macroperación policial el pasado 13 de octubre y están acusados de asalto a mano armada, extorsión, sicariato y otros graves delitos. Sin embargo, el juez consideró que podían ser puestos en libertad y desoyó la solicitud de la fiscal, que pedía que estuvieran en prisión preventiva durante 18 meses mientras durara el juicio. Orozco justificó su decisión en una supuesta "falta de pruebas". Las voces de Vargas y Chávez se sumaron a la del ministro del Interior, Carlos Basombrío, que se mostró indignado por la decisión judicial y afirmó que, a raíz de la liberación de los detenidos, teme por la Reuters
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