Según los convocantes, su pretensión es que la protesta "transcurra de una forma pacífica" y esperan que "las instituciones y las fuerzas de orden público bajo su mando tengan una actitud similar y respeten el derecho democrático de manifestación". En el dispositivo de seguridad puesto en marcha por las autoridades frente a esta protesta están desplegados cerca de mil agentes antidisturbios, lo que a ojos de las organizaciones que convocan responde a "una estrategia de criminalización ideada para provocar miedo e impedir que quien quiera pueda decidir libremente acudir a la manifestación". Por este motivo, la Coordinadora 25S pidió a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que mande observadores para vigilar el desarrollo de la marcha que tendrá lugar en Madrid.
"Tenemos fundados motivos para inferir que el derecho de manifestación podría ser conculcado", aseguró la organización a través de un comunicado. La Coordinadora recordó que las anteriores ocasiones en que se realizó un despliegue similar se produjeron "actuaciones policiales desproporcionadas y cargas injustificadas contra los manifestantes". Hasta el momento, la protesta discurre sin incidentes, a excepción de los impedimentos por parte de las fuerzas de seguridad de acercarse al Parlamento en el que se está celebrando la sesión de investidura. Algunos partidos políticos de la izquierda apoyaron públicamente esta protesta e incluso varios diputados de Podemos e Izquierda Unida asistieron a la concentración antes de entrar en el Congreso.
Sputnik
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