O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), rechazó este jueves las sanciones dictadas por la Administración Trump contra los funcionarios de ese tribunal que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Afganistán, país donde EE.UU. lleva a cabo operaciones militares desde 2001.
El alto funcionario indicó, en un comunicado difundido este jueves, que lamenta "profundamente" las medidas "sin precedentes" de Estados Unidos —que no es miembro de la Corte—, las cuales, según su opinión, socavan el "esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por atrocidades masivas".
En un comuncado separado, el tribunal internacional señaló que las nuevas amenazas y acciones coercitivas de Washington contra la CPI representan también un obstáculo para los intereses de las víctimas de crímenes atroces, "para muchas de las cuales la Corte representa la última esperanza de justicia".
"Estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte", reza la declaración de la CPI.
O-Gon Kwon hizo un llamado a los Estados que se han integrado en ese tribunal y "a todas las partes interesadas" para que reiteren su "compromiso incesante para sostener y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y preservar su integridad sin alteraciones ante las medidas y amenazas contra la Corte y sus funcionarios, su personal y sus familias".
Las sanciones de Washington
Este jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra funcionarios de la CPI que investiguen si EE.UU. ha cometido crímenes de guerra durante sus operaciones en Afganistán, el conflicto militar más prolongado en la historia estadounidense. La orden autoriza bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y negarles la entrada al país.
La Administración Trump basó su decisión en el alegato de que la investigación de la Corte "está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad" y acusó a Rusia de estar involucrada. Según Washington, las acciones del tribunal constituyen un peligro para los derechos del pueblo estadounidense y la soberanía nacional de Estados Unidos.
No es ni mucho menos la primera vez que la Administración Trump ataca a la CPI, con sede en La Haya, desde que esta empezara su investigación a finales del año 2017. La organización, creada para procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, tiene jurisdicción en asuntos en los que cualquier Estado miembro no pueda o no quiera enjuiciar por sí mismo las atrocidades.
La decisión de Trump causó preocupación tanto en la Unión Europea como en la ONU. Este último organismo manifestó que seguirá de cerca los acontecimientos, en la esperanza de que "cualquier restricción en relación a personas concretas no vaya en contra de las obligaciones que tiene EE.UU. como país anfitrión de la ONU".
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