BUENOS AIRES (Sputnik) — La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue procesada por la Justicia de su país, que además ordenó un embargo sobre sus bienes por un millón de dólares, informaron a Sputnik Nóvosti fuentes judiciales.

"Resultó evidente que la entonces presidenta impartió instrucciones —que sin duda fueron elaboradas conjuntamente— a su Ministro de Economía para que esta operación financiera (venta de dólar a futuro) se lleve a cabo", señala la resolución judicial, según señalaron las fuentes a esta agencia.

La exmandataria fue procesada por el juez Claudio Bonadío por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

La misma medida tomó el magistrado contra el exministro de Economía Axel Kicillof, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, y otros 12 imputados.

"Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de 5.000 millones a 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo", sostuvo Bonadío en el fallo.

Por instrucción de Fernández, el exministro Kicillof procedió a su vez "a impartir directivas" a los funcionarios del BCRA y a los directores de la Comisión Nacional de Valores "todos los cuales —es preciso resaltarlo— eran totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento", enfatizó el magistrado.

Denuncia contra el juez

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, impulsó el jueves la denuncia que realizó Fernández contra Bonadío por supuesto mal desempeño en sus funciones.

La exmandataria, que tuvo que presentarse ante el magistrado para prestar declaración indagatoria el pasado 13 de abril, denunció su desempeño ante el Consejo de la Magistratura por el "ejercicio abusivo y arbitrario" que el juez había manifestado en el marco de esta causa que tiene una "exclusiva finalidad política", según sostuvo en su denuncia.

De los trece integrantes del Consejo, un órgano que supervisa la actuación de los jueces, cinco son afines al kirchnerismo, mientras que el oficialismo y sus aliados suman ocho apoyos.
Para abrir un juicio político a un juez se necesita el voto de dos tercios de los integrantes del Consejo.

El proceso que instruye Bonadío se inició por una denuncia de los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, del bloque oficialista Cambiemos, quienes el pasado mes de octubre acusaron a la dirección del BCRA del delito de "defraudación por infidelidad" contra la administración pública.

El juez investiga en la actualidad si en las ventas de dólar futuro que realizó la entidad bancaria fueron beneficiadas empresas o personas allegadas al anterior Gobierno.

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