Desde hace año y medio, el Gobierno español ha esgrimido la necesidad de reformar el reglamento sobre control de las exportaciones de material de defensa y doble uso para aparcar las ventas de munición a Arabia Saudí, empantanada desde 2015 en la guerra de Yemen. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una reforma que instaura por vez primera la posibilidad de verificar sobre el terreno el destino último de las armas españolas y, tras este paso, la industria militar espera que se desbloqueen operaciones multimillonarias. “La reforma no está pensada para un país concreto”, advierten en Comercio.

Fue en octubre de 2018 cuando la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el órgano encargado de controlar las ventas de armas españolas al extranjero, dio luz verde al nuevo reglamento, pero las sucesivas citas electorales en 2019 y los periodos de interinidad política han ido posponiendo su aprobación. Hasta el pasado martes.

La principal novedad del decreto es que prevé la posibilidad de intensificar los controles sobre el destino último de las armas españolas exportadas a terceros países “cuando así lo aconseje la sensibilidad de la operación y el interés nacional”. Este “mecanismo de seguimiento y verificación” solo se aplicará “de manera excepcional” y con la imprescindible colaboración del país importador, que tendrá que dar el visto bueno.

Además de comprometerse a usar las armas dentro de su propio territorio y a no reexportarlas sin permiso del Gobierno español, el certificado de último destino podrá incluir una ”cláusula de verificación”; según la cual, el comprador se compromete “a colaborar” con las autoridades españolas “con el fin de establecer mecanismos de verificación y seguimiento que permitan un control de la mercancía exportada, permitiendo, si fuera necesario, el acceso a las instalaciones donde se encuentra, la identificación del usuario final y la documentación requerida por el equipo de verificación”.

El decreto no explica qué pasará si un país se niega a admitir este mecanismo de “control de verificación en destino”, pero resultará políticamente muy delicado vender armas a quien no ofrezca garantías de que no acabarán desviándose para alimentar un conflicto bélico o escalar la represión interna.

Fuentes del sector de la munición consideran la reforma “un gran paso adelante” y creen que, si Arabia Saudí acepta controles a posteriori, como esperan, “ya no habrá ningún pretexto” para seguir vetando a un país “contra el que no existe ningún embargo internacional”. En los últimos 18 meses, el Gobierno ha autorizado la exportación de equipos navales y aeronáuticos a Riad, así como de munición no letal, pero ha congelado contratos multimillonarios de bombas y proyectiles, por temor a que acaben en la guerra de Yemen, donde la intervención de la coalición encabezada por el régimen saudí ha causado miles de muertos civiles. El Gobierno nunca ha reconocido que se hayan revocado o denegado licencias, pero sí que se ha “ralentizado” la concesión de nuevos permisos de exportación hasta la aprobación del nuevo reglamento.

La reforma deja muchas incógnitas en el aire No solo en qué casos y en base a qué criterios la JIMMDU exigirá este mecanismo de verificación, sino también cómo evitar que las inspecciones acaben siendo solo documentales, en vez de comprobar in situ el destino del armamento. Los países podrían esgrimir razones de soberanía para dificultar el acceso a instalaciones militares; y el propio coste de las inspecciones sobre el terreno puede acabar limitando su alcance: deberán sufragarlas los ministerios implicados (Defensa, Comercio o Exteriores) y no las empresas exportadoras. Finalmente, la munición es un bien fungible y el país comprador podría alegar que ya la ha consumido cuando se reclamara poder verla.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Comercio aseguran que la reforma del decreto “no se ha hecho pensando en un país concreto” y que es probable que Arabia Saudí no sea el primer lugar donde se aplique. Habrá que esperar un tiempo para hacer balance. De momento, la secretaria de Estado de Comercio. Xiana Méndez, tiene previsto comparecer próximamente en la Comisión de Defensa del Congreso para informar de las ventas de armas y su nuevo marco legal.

Los efectos del veto alemán
En cambio, España nunca ha puesto pegas a la venta de aviones militares de la compañía europea Airbus a Riad, pero el embargo impuesto por Berlín a finales de 2018 (tras el asesinato del periodista jamal Khashoggi) lo está haciendo imposible. Primero se frenó a la venta de aviones de transporte A400M, que se montan en Sevilla, a Riad; y ahora la de las cisternas A330 MRTT que se adaptan en Getafe (Madrid), a Abu Dabi.

En noviembre pasado, Emiratos Árabes Unidos (EUA), principal socio de Riad en la guerra de Yemen, anunció la compra de otros tres aviones de reabastecimiento en vuelo europeos, doblando su actual flota. El problema es que estos aparatos llevan una cámara alemana imprescindible para la delicada maniobra de enganchar en vuelo al caza al que se quiere reabastecer de combustible. Y Berlín no da luz verde a su exportación.

La solución que está explorando Airbus es sustituirla por equipos que no sean Made in Germany. El anterior consejero delegado de la compañía, Tom Enders, ya advirtió de que habría que fabricar “equipos sin componentes alemanes” si Berlín mantenía su actitud de “superioridad moral”. Pero no pasó de una amenaza.

elpais

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