Estados Unidos planea una nueva oleada de redadas para aprehender y deportar a migrantes indocumentados centroamericanos llegados después del 1 de enero de 2014. La medida, que debe ser implementada en todo el país, afectará a madres y niños con una orden de deportación vigente. La decisión del Gobierno del demócrata Barack Obama ha sido criticada por los propios demócratas, incluidos los aspirantes a sucederlo en la Casa Blanca.

Migrantes centroamericanos interceptados en México camino a EE UUrn
Migrantes centroamericanos interceptados en México camino a EE UU EFE
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó en la tarde del jueves la noticia, adelantada por la agencia Reuters. No se ha precisado cuándo comenzarán las redadas, aunque, según la agencia, que tuvo acceso a un documento oficial interno, se prolongará durante 30 días y será la mayor realizada hasta la fecha.

En un comunicado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional Gillian Christensen se limitó a indicar que se trata de “una continuación de las operaciones” anunciadas por el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, desde enero. Estas operaciones responden a la continua llegada de decenas de miles de menores no acompañados y de madres con niños centroamericanos que en el verano de 2014 causó una crisis en la frontera sur de EE UU.

A finales de diciembre, el anuncio de una primera oleada de deportaciones—que redundó en la detención, un mes más tarde, de más de 120 personas, en su mayoría mujeres y niños, en redadas en Georgia, Texas y Carolina del Norte— indignó a las organizaciones proinmigración y los congresistas y candidatos demócratas. Los activistas denunciaron el envío de personas desprotegidas a países con un alto grado de violencia como Honduras, El Salvador o Guatemala, origen del éxodo. Más de un centenar de congresistas reclamaron, sin éxito, que EE UU concediera un estatus de protección temporal (TPS) a estas personas, sobre todo a los menores y sus padres, en vista de la violencia en sus países de origen. Al conocer los nuevos planes, los legisladores demócratas Luis Gutiérrez, Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren reiteraron esa demanda.

La nueva oleada se centrará en las personas “detenidas en la frontera después del 1 de enero de 2014, que tienen una orden de deportación pendiente de un tribunal migratorio y que no tienen ninguna apelación pendiente de asilo o de cualquier otra forma de alivio bajo las leyes” estadounidenses, subrayó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Según Reuters, la medida también afectará a jóvenes que ingresaron solos, siendo menores, en EE UU, pero que ya han cumplido los 18 años.

Dentro de lo posible, los agentes migratorios intentarán evitar la detención de los señalados en “lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto, salvo en emergencias”, agregó.

La puntualización no es baladí. Una de las mayores críticas al primer operativo fue la oleada de pánico que causó entre los inmigrantes. Según denunciaron numerosas organizaciones, muchos padres indocumentados dejaron de llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser localizados y deportados.

A esta situación se refirió la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton al criticar la decisión del Departamento de Estado de continuar esta práctica. La favorita para hacerse con la nominación demócrata manifestó su oposición a “redadas a gran escala que separan a familias y que siembran temor en nuestras comunidades”. “No deberíamos sacar a niños y sus familias en medio de la noche”, sino proporcionar “oportunidades a aquellas familias que huyen de la violencia en Centroamérica buscando una mejor vida”, subrayó la exsecretaria de Estado, que ha prometido ir más allá aún para regularizar a indocumentados que Obama.

Su rival para la nominación demócrata, Bernie Sanders, condenó el “doloroso e inhumano negocio de apresar y deportar a familias que han huido de la horrorosa violencia en Centroamérica” e instó a Obama a que emita de una vez un TPS para estas personas.

Mientras, organizaciones defensoras de los migrantes condenaron el momento elegido para implementarla. Coincide con una campaña electoral en la que el Partido Republicano ha redoblado su retórica antiinmigrante. Y, para finales de junio, se espera una decisión del Tribunal Supremo sobre las medidas ejecutivas de Obama que beneficiarían hasta a cinco millones de indocumentados.

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