La crisis política por la que atraviesa Venezuela se ha agravado en medio de la emergencia por el coronavirus, que aboca al Gobierno de Nicolás Maduro a afrontar la pandemia con una sanidad pública devastada por la mala gestión. La tensión interna y la presión de Estados Unidos han profundizado la pugna entre el mandatario chavista y su rival, Juan Guaidó, que lleva un año tratando de forzar una transición en el país y este jueves está llamado a comparecer ante la justicia bajo los cargos de intento de golpe de Estado.

La sacudida que la Covid-19 está provocando en el tablero político venezolano ha ahondado la ya enorme fractura que separa al Ejecutivo de la oposición. Mientras se multiplican los llamamientos a la unidad para hacer frente a la pandemia, y después de semanas de intentos discretos para tratar de entablar un diálogo, el escenario dio un giro la semana pasada. El primer paso lo dio la Administración estadounidense, principal valedora de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Justicia formalizó una acusación de tráfico internacional de drogas contra Maduro y la cúpula del régimen y puso precio a su cabeza: 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Esa premisa desbarató las posibilidades de una negociación que reconozca al presidente y a su entorno como interlocutores válidos y puso en evidencia el aislamiento internacional Caracas, sobre todo ante la vecina Colombia.

El siguiente paso le correspondió a Guaidó, jefe del poder legislativo, quien por vez primera defendió con claridad la conformación de un Gobierno de unidad para contener el coronavirus. En el país hay, según datos oficiales, casi 150 contagios y se han registrado al menos tres muertes. El líder de la oposición solo puso una condición, esto es, que Maduro y la actual plana mayor del chavismo no participe en ese proceso. Después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso una transición en la que tanto Maduro y como Guaidó se hagan a un lado para para facilitar la convocatoria de elecciones presidenciales con garantías. El sucesor de Hugo Chávez rechazó de plano esa posibilidad y su canciller dejó claro a través de un comunicado que las decisiones sobre el futuro de Venezuela se toman en Caracas.

La respuesta de Maduro fue, de alguna manera, un desafío al Gobierno de Donald Trump, quien este miércoles anunció el despliegue en el Caribe, cerca de las costa venezolana, de buques de guerra, aviones y fuerzas especiales para intensificar la lucha contra el narcotráfico. El mandatario bolivariano convocó el Consejo de Estado “como órgano superior de consulta para deliberar sobre plan nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus” y anunció que empezará unas conversaciones con el opositor disidente Luis Parra, que el oficialismo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional desde enero. El objetivo, dijo, es “ir a un diálogo nacional que nos lleve a un gran acuerdo humanitario de todas las fuerzas políticas, sociales y religiosas del país”.

En realidad, la mayoría de las fuerzas opositoras rehúsan ese camino. Y a eso se añade un nuevo capítulo del cerco de la justicia en torno a Guaidó. La Fiscalía, controlada por el Gobierno, lo citó este jueves con la acusación de intento de golpe de Estado y magnicidio. La semana pasada, el general retirado Clíver Alcalá involucró al político en una supuesta conspiración que, según aseguró, se estaba urdiendo desde Colombia para derrocar a Maduro. El exmilitar detalló el plan antes de entregarse a Estados Unidos y volar a Washington desde Barranquilla. El régimen lo considera un traidor y mientras en las filas opositoras rechazan rotundamente la acusación, llegando a sembrar dudas sobre los intereses de Alcalá. En cualquier caso, Guaidó está llamado a comparecer ante el Ministerio Público y, si no lo hace, se expone a que las autoridades redoblen el acoso y lo detengan.

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