El Gobierno de Rajoy, resultante de los comicios de 2011, se niega a rendir cuentas ante el Congreso porque, a su modo de ver, el Ejecutivo no debe justificarse ante un Parlamento distinto a aquel que le otorgó la confianza. La última sesión de control a la que acudió el Gobierno del conservador Mariano Rajoy tuvo lugar antes de la disolución de las Cortes previa a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. El Parlamento resultante de esos comicios fue incapaz de alcanzar acuerdos para formar un nuevo Ejecutivo, lo que propició la convocatoria de una nueva cita electoral el 26 de junio de 2016, dando lugar a una configuración del Congreso que por el momento no ha propiciado el consenso suficiente para investir a un candidato.
Los partidos de la oposición decidieron el pasado mes de abril presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones debido a la negativa del Ejecutivo a ser controlado. Durante el debate parlamentario en el que se tomó la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, acusó al Partido Popular de "menoscabar la Constitución" y "menoscabar la soberanía popular".
Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, alertó de que, ante el bloqueo institucional español, esa "anomalía democrática" podría prolongarse durante al menos diez meses, lo que finalmente ha acabado sucediendo. Lea más: Unas terceras elecciones en España no dejarían mayorías absolutas El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el conflicto de atribuciones contra el Gobierno de Rajoy presentado por el Congreso hace ya medio año.
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