Este lunes se cumple un año desde que Mustafa Bali, el portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de fuerzas kurdas y árabes, proclamara “el fin del califato”. El presidente de EE UU, Donald Trump, ya se había adelantado la víspera. Bali habló desde un recóndito pedazo del desierto sirio, el poblado de Baguz, en la frontera con Irak, donde el llamado califato del grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) dio sus últimos estertores. Un año después, esta victoria no ha traído justicia. Ni las víctimas del ISIS la han obtenido, ni los yihadistas han sido juzgados en estos 12 meses. El trono de Abubaker al Bagdadi, asesinado en el noroeste de Siria en una operación de las fuerzas de élite estadounidenses el 26 de octubre, apenas ha permanecido cinco días vacío para ser relevado por Abu Ibrahim al Hachemí al Qurashi, nuevo califa sin califato, y el atomizado ejército yihadista sigue golpeando.

A la ofensiva sobre el polvoriento oasis de Baguz sobrevivieron alrededor de 100.000 mujeres y hombres yihadistas junto con sus hijos, de los cuales 14.000 son extranjeros -el resto siendo de nacionalidad iraquí o siria. Se trata de gran parte de lo que queda de ese territorio gobernado por el ISIS que durante un lustro se extendió entre Siria e Irak para someter a una población de 7,7 millones de personas.

Viven desde hace un año cautivos en insalubres campos o hacinados en cárceles del noreste de Siria -entre la media docena de campos en los que están encerrados destacan los de Al Hol, Ain Isa y Al Roj-. Están custodiados por unas milicias kurdas que se dicen hastiadas de la desidia de los países de origen que rehúsan repatriarles para juzgarles en sus respectivos sistemas judiciales.

Entre los supervivientes del ISIS se cuentan un varón y tres mujeres yihadistas junto con 17 menores españoles. “El gobierno [de España] sigue indeciso y ahora está desbordado con la crisis sanitaria de la COVID-19, así que el debate de la repatriación ha quedado a un lado”, cuenta al teléfono un funcionario del Gobierno español. Las posturas enfrentadas persisten entre “un Ministerio del Interior reacio a una repatriación” y “el de Exteriores, favorable a un retorno de los menores y al enjuiciamiento de sus madres en territorio español”, reiteran diversas fuentes gubernamentales. Debate que se repite en otros países miembro de la UE.

No obstante, la ofensiva lanzada en el norte de Siria el pasado octubre por Turquía contra las Unidades de Protección del Pueblo kurdas -YPG, por sus siglas en kurdo y a las que tacha de grupo terrorista por sus estrechos lazos con el PKK turco-, ha supuesto un drástico cambio en la ya compleja e internacionalizada contienda: por un lado, EE UU anunció a mediados de octubre la retirada de sus tropas del país -que solo se ha llevado a cabo parcialmente; mantiene en torno a medio millar- y aparcó sus cazas para dejar vía libre a la aviación de Turquía -aliado de Washington en la OTAN-. Por otro, Ankara mantiene su guerra contra las YPG, que fueran aliadas en la campaña que EE UU lanzó contra el ISIS en el verano de 2014.

La ofensiva turca ha acercado al brazo político de las milicias kurdas al Gobierno de Bachar el Asad y reactivado las negociaciones con Damasco para un retorno del Ejército regular al norte del país para frenar el avance turco. De materializarse, la custodia de los yihadistas podría cambiar de manos. El mandatario sirio ha asegurado en diversas entrevistas que los yihadistas serán juzgados acorde a la ley nacional siria en materia de terrorismo -donde sigue vigor la pena de muerte. Una opción que varios diplomáticos europeos consultados en Madrid y Beirut califican entre bastidores de “favorable” y que “se adapta”. “Eso significa que Siria se haga cargo del peso de los adultos, que es el que nos preocupa, mientras negociamos el aspecto humanitario que es el retorno de los menores”, explica uno de ellos.

Con el paso de los meses, la administración del campo de Al Hol, al noreste del país y el más masificado con alrededor de 69.000 personas, asegura que el asentamiento se ha transformado en estos 12 meses dejando de ser un centro de detención para convertirse en un campo de radicalización intensiva para tanto los más de 40.000 menores como para las yihadistas cautivas más moderadas. La mayoría, puntualiza un trabajador civil, “no se dicen arrepentidas por haberse sumado al ISIS”.

Varias yihadistas apresadas en el campo de Al Roj, más al noreste, en la frontera sirio-iraquí, y menos masificado, con unas 6.000 personas, aseguran que el pasado mes de diciembre “hombres enmascarados que no hablan durante los interrogatorios” han supervisado una serie de interrogatorios y recabado datos biométricos de todas las mujeres extranjeras a las que también han fotografiado junto a sus hijos.

Entre ellas las españolas Luna Fernández y Yolanda Martínez con 13 menores a cargo, de los cuales cuatro huérfanos y una recién nacida. Interrogatorios que oficiales kurdos han confirmado a EL PAÍS aunque declinado pronunciarse sobre la nacionalidad o misión de los “enmascarados”.

Con el objetivo de descongestionar Al Hol, las fuerzas de seguridad kurdas iniciaron a finales de 2019 el traslado de varios miles de mujeres y niños al de Al Roj -incluidos los más de 360 huérfanos. Familiares de las yihadistas españolas consultados por EL PAÍS temen un rápido y mortífero contagio de la Covid-19. “Los guardias del campo llevan máscaras, pero las mujeres y los niños no tienen con que protegerse. Algunos ni siquiera tienen jabones”, lamenta un familiar desde España.

El año tampoco ha traído justicia a las víctimas del ISIS. Human Rights Watch ha denunciado en un reciente informe el “fracaso colectivo en la búsqueda de los más de 8.000 desaparecidos” bajo el califato cuyas familias siguen viviendo un calvario en vida. Entre ellas, 3.000 mujeres yazidíes que fueron secuestradas y vendidas como esclavas sexuales en Irak. Tampoco han sido indemnizados los familiares de los más de 3.000 civiles muertos en Siria -según estimaciones de la organización Airwars - en bombardeos de la coalición internacional contra el ISIS, de la que España es miembro.

En cuanto al polvoriento oasis de Baguz, ha vuelto a ser el mismo punto desconocido y olvidado del mapa de Siria que fuera antes de convertirse en sepulcro del califato. Apenas han retornado la mitad de los 7.000 habitantes para volver a cultivar unas tierras sembradas de explosivos y cadáveres.

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