En una decisión que traspasa las fronteras de la separación de poderes, el Tribunal Supremo de Israel ha dado este lunes un ultimátum al presidente de la Kneset (Parlamento), Yuli Edelstein, para que convoque el miércoles un pleno en el que los partidos de centroizquierda pretenden sustituirle por uno de sus diputados. Edelstein —uno de los barones del partido Likud que lidera Benjamín Netanyahu— suspendió la semana pasada la actividad de la Cámara al amparo de las restricciones de reuniones públicas dictadas por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus. Vencido el plazo en la noche del lunes, el presidente del Parlamento anunció que no iba a seguir la recomendación de los jueces, pero el Supremo dictó poco después una resolución vinculante para ordenarle convocar la sesión. Pese a que las fuerzas de oposición suman una ajustada mayoría de 61 de los 120 escaños de la Kneset tras las elecciones del pasado día 2, el primer ministro conservador se aferra al poder en medio de la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia.

En Israel se habla ya de un golpe contra la democracia. El escritor Yuval Noah Harari, globalmente célebre por su obra Sapiens, abandonó este fin de semana su distanciamiento de la política doméstica para responsabilizar a Netanyahu de “una intentona golpista por tratar de impedir que un Parlamento recién elegido supervise la actuación de un primer ministro en funciones”. Desde una contundente tribuna publicada en el diario Yedioth Ahronoth, Harari advirtió: “En tanto la Kneset siga clausurada, estaremos viviendo en una dictadura”. Centenares de ciudadanos se han manifestado con banderas negras desde el jueves en contra del denominado “golpe contra la democracia”. Más de 600.000 personas participaron también en una protesta virtual a través de las redes sociales

Grupos de la sociedad civil, como la ONG Movimiento por la Calidad de la Democracia, y la alianza centrista Azul y Blanco, liderada por Benny Gantz, quien ha recibido el encargo de formar Gobierno, instaron el domingo al Supremo a que se pronunciara sobre la paralización de la vida parlamentaria. La sala de cinco magistrados encabezada por la presidenta del Alto Tribunal, Esther Hayut, no comunicó su decisión hasta el mediodía siguiente, tras una audiencia en la que comparecieron, entre otros, el presidente de la Kneset y el fiscal general de Israel. El Supremo pidió que convocara para este miércoles el pleno que debe relevarle, y le advirtió de que, si no ratificaba que iba a acatar la resolución antes de las 21.00 del lunes (las 20.00 hora peninsular española), se lo ordenaría de forma taxativa, como finalmente ha sucedido.

El presidente de la Kneset alegó que los tribunales no deben interferir en la organización del trabajo de la Cámara ni organizar su agenda. “Con el debido respeto, no puedo aceptar que se dicte un ultimátum al presidente del Parlamento en el ejercicio de sus funciones”, argumentó. “La interferencia es necesaria en este caso”, replicaron los magistrados del Supremo en su resolución definitiva, “para que no se vean comprometidos los fundamentos de nuestro modelo parlamentario ni la esencia del sistema democrático”.

Para suspender las sesiones, Edelstein invocó semana pasada invocó las normas aprobadas por el Gobierno para prevenir el contagio por coronavirus, que vetaban las reuniones de más de 10 personas, y que en la sede del Parlamento no se había habilitado un sistema telemático de voto. Avichai Mandelblit, el fiscal general que inculpó formalmente a Netanyahu en tres casos de corrupción por soborno, fraude y abuso de poder, afirmó ante el Supremo que Edelstein se había excedido en sus poderes al ignorar la voluntad de la mayoría en el Parlamento y suspender la actividad parlamentaria.

“La democracia de Israel nunca debe quedar secuestrada por las negociaciones políticas”, advirtió el exgeneral Gantz, quien difícilmente logrará integrar en una coalición gubernamental a todas las fuerzas de oposición a Netanyahu, desde el derechista laico Avigdor Lieberman hasta los partidos árabes de la Lista Conjunta. Varios ministros del actual Gabinete en funciones arremetieron contra la decisión del Supremo. Yariv Levin, titular de Turismo y brazo derecho del líder del Likud, afirmó que el tribunal se había “incautado de la Kneset”, mientras que el ultraderechista Bezalel Smotrich, responsable de Transportes, acusó al poder judicial de “promover un golpe”. Todos los diputados del arco conservador boicotearon las sesiones del lunes.

La paralización de la Kneset ha impedido, por ejemplo, el aval parlamentario del rastreo de móviles por parte del Shin Bet (espionaje interior) para vigilar los movimientos de las personas infectadas por el coronavirus. El Gobierno de Netanyahu aprobó en la madrugada del pasado martes un decreto para que la agencia de seguridad haga un seguimiento, sin autorización judicial, de los pacientes con la Covid-19. Centenares de personas han recibido mensajes de textos en sus teléfonos en los que se les informa de que han estado cerca de un infectado y de que deben someterse a cuarentena. La ONG Asociación de Derechos Civiles israelí ha calificado de “peligroso precedente” la decisión, y el centro de análisis Instituto para la Democracia cuestiona que se recurra al Shin Bet, que centra su acción en la seguridad, en una emergencia sanitaria.

Mientras en Israel se pone en entredicho la teoría de la separación de poderes de Montesquieu y crecen las denuncias de un intento de golpe, el presidente del país, Reuven Rivlin, ha advertido al presidente de la Cámara de que la paralización parlamentaria “socava la democracia” en plena emergencia sanitaria. “Una Kneset fuera de juego perjudica la capacidad del Estado para afrontar una situación de emergencia. No debemos permitir que esta crisis, por muy seria que sea, cause perjuicios a nuestro sistema democrático”, recalcó el mandatario. El bloqueo ha impedido hasta este lunes abordar la constitución de una comisión especial para abordar la expansión de la Covid-19, mientras los ciudadanos se encuentran ya en situación de confinamiento.

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