La crisis política y social más grave de los últimos años en América Latina, esto es, la emergencia por la que atraviesa Venezuela, tiene varios puntos de observación. Uno de ellos es la relación de ese país con la vecina Colombia. En primer lugar, porque el Gobierno de Bogotá encarna, junto con Estados Unidos, la posición más dura de la llamada comunidad internacional frente al régimen de Nicolás Maduro. Y en segundo lugar porque su territorio es el que más ha sentido los efectos de un flujo migratorio sin precedentes: más de 1,6 millones de venezolanos cruzaron la frontera en busca de oportunidades, según el cálculo de la ONU. El abismo que hay entre el presidente colombiano, Iván Duque, y el sucesor de Hugo Chávez, las tensiones diplomáticas entre los dos países, el reconocimiento de Juan Guaidó como mandatario legítimo son en buena medida un espejo de lo que hoy es Venezuela en la región y en Europa. Pero ahora Colombia, que ha identificado a 93 contagiados, se encuentra en una encrucijada ante Venezuela, que tiene al menos 33 casos confirmados.
La crisis del coronavirus ha quebrado el paradigma de la ruptura total. Duque -que cerró una frontera de más de 2.200 kilómetros llena de trochas o caminos informales, es decir, difícilmente controlable- hace equilibrios para mantenerse fiel a su discurso, pero la gravedad de la pandemia ha obligado a abrir canales de cooperación institucional, aun en medio del máximo recelo. Y, puesto que el chavismo sigue controlando los resortes del Estado, incluido un sistema de salud postrado y sin recursos, esos canales involucran al aparato de Maduro. El Gobierno colombiano declaró el estado de emergencia, mientras que Caracas decretó una “cuarentena social”. Duque asegura que la coordinación de tareas se realizará a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de Naciones Unidas, a través de la OMS. “Desde el régimen [chavista] siempre buscan sacarle provecho político a todo. Aquí no hay discursos políticos y los canales directos en esto poco o nada sirven por la misma situación que tiene el sistema de salud allá”, afirmó el lunes. Sin embargo, desde entonces ya se han producido contactos entre representantes públicos de ambos países con la mediación de organismos multilaterales.
Primero, se produjo una reunión entre el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Fernando Ruiz, el gerente de la frontera con Venezuela, Felipe Muñoz, con el titular de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado. En la cita, realizada de forma virtual para coordinar información sobre el COVID-19, participaron en efecto los representantes de la OPS ante los dos Gobiernos. “Durante 46 minutos se habló de la estrategia para contener esta epidemia y salvaguardar la salud de la población más vulnerable”, informó el Ejecutivo colombiano.
Desde Caracas resaltaron la importancia de esa reunión y también de la reapertura del diálogo entre los Defensores del Pueblo. “Tratándose de una situación cuyos efectos podrían llevarnos a una crisis humanitaria de difícil dimensionamiento, las Defensorías del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia han decidido promover un diálogo fluido y constante entre ambas instituciones con el propósito de velar conjuntamente por las garantías de ciudadanas/os venezolanas/os y colombianas/os que día a día transitan la frontera binaciona", informaron los organismos en un comunicado conjunto. Las firmas del colombiano Carlos Alfonso Negret y del venezolano Alfredo José Ruiz Angulo al final del documento no representan una paz diplomática, pero demuestran que los organismos públicos pueden intentar trabajar de la mano.
Mientras el Gobierno de Duque no está interesado en airear esos contactos y reitera su respaldo sin condiciones a Guaidó, el Ejecutivo chavista explota las circunstancias para relanzar de alguna manera su diplomacia y tratar de salir del aislamiento internacional. El canciller, Jorge Arreaza, aplaudió por ejemplo la “importante iniciativa de coordinación entre los Defensores del Pueblo de Venezuela y Colombia, promoviendo la unión de ambos pueblos hermanos para enfrentar en conjunto los desafíos del COVID-19”. Ayer mismo, Maduro envió una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un crédito de 5.000 millones de dólares en un intento de fortalecer el sistema sanitario. El organismo contestó pocas horas después desestimando esa petición con el argumento de que “no hay claridad” entre sus 189 países miembros sobre el reconocimiento al Gobierno.
elpais
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