En el arranque de esta semana se ha confirmado la elección del expresidente del Tribunal Supremo de la India Ranjan Gogoi como miembro de la Rajya Sabha, la Cámara baja del Parlamento. Por primera vez en la historia del país, el Gobierno ha utilizado sus facultades para dar un cargo político a quien en su momento presidía el principal órgano judicial. El nombramiento llega solo tres meses después de que Gogoi dejara su puesto en el Supremo. Y coincide con el creciente descrédito a la independencia del poder judicial en la India, después de controvertidas sentencias judiciales favorables a las políticas del Ejecutivo del primer ministro, Narendra Modi. La polémica en torno a la escasa división de poderes en la democracia más poblada del mundo ahonda en las crecientes críticas hacia un Gobierno cuyas medidas nacionalistas recuerdan a la etapa más oscura de la historia reciente del país.

El nombramiento de Gogoi ha sido duramente criticado por miembros de la oposición y por varios juristas, incluido el presidente de la Asociación de Abogados del Tribunal Supremo, Dushyant Dave: “Han destruido la apariencia de la independencia judicial. Es vergonzoso. Una clara recompensa quid pro quo”. El veterano abogado acusa al Gobierno de gratificar con un cargo parlamentario supuestas prebendas del máximo tribunal del país. Durante 13 meses, Gogoi lideró a los magistrados del Supremo a favor de la posición gubernamental en al menos tres controvertidas sentencias.

En noviembre del año pasado, días antes de que Gogoi finalizara su mandato, el Supremo daba carpetazo a un sumario que persiguió a Modi desde su primera legislatura: el caso Rafale, en referencia a 36 aviones de combate franceses adquiridos por Nueva Delhi en 2016. La compra de ese material se presupuestó en 7.800 millones de euros. La oposición, que había iniciado años antes los contactos para el acuerdo, acusó al Ejecutivo de Modi de inflar el gasto y de favorecer a determinados contratistas indios. El Supremo dictó que el proceso de compra de esos cazas careció de irregularidades y por lo tanto no hubo ningún condenado por corrupción.

Antes de la sentencia del caso Rafale, Gogoi encabezó la decisión unánime del Supremo en el proceso más largo de la historia del país y en el que se concedió un terreno para la construcción de un templo en honor a la deidad hindú Ram sobre las ruinas de una mezquita en Ayodhya (Estado de Uttar Pradesh). El lugar de rezo musulmán, de 460 años de edad, había sido destruido por una turba de radicales hindúes en 1992 y el litigio sobre la propiedad del suelo enfrentó a las comunidades hindú y musulmana. El fallo supuso la victoria del nacionalismo hindú del Gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP), que hizo campaña por la construcción del templo a Ram desde su demolición.

Absuelto por una comisión interna a raíz de una denuncia por acoso sexual durante el movimiento #MeToo en India, Gogoi también presidía el Supremo cuando este dio luz verde al Registro Nacional de Ciudadanía en el Estado de Assam, que excluyó del padrón a dos millones de personas. Emanada de la misma norma, el Gobierno aprobó la enmienda a Ley de Ciudadanía para permitir el asilo a inmigrantes no musulmanes de países vecinos. La promesa del Gobierno de aplicar esa ley junto a un registro ciudadano en el ámbito nacional, discriminando a la minoría musulmana de la India -unos 200 millones de personas- ha sido contestada con el mayor desafío popular contra Modi, polarizando al país. Hace menos de un mes, la violencia de radicales hindúes contra los manifestantes en Nueva Delhi causó 51 muertos; la gran mayoría musulmanes. El pogromo antimusulmán del que se acusa al nacionalismo hindú del Gobierno y sus acólitos cuenta con la connivencia policial y el silencio del propio Supremo.

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