Sin sorpresas, el Tribunal Constitucional de Rusia ha avalado este lunes los cambios en la Carta Magna que permitirían al presidente Vladímir Putin, permanecer en el poder dos mandatos más. La corte, controlada por el Kremlin, ha dictaminado como legal la reforma constitucional de Putin, que no solo despeja su último obstáculo para volver a presentarse a unas elecciones pese a que debería dejar su sillón en 2024 sino que también diseña una presidencia más fuerte. El paquete de cambios debe pasar ahora una consulta popular prevista para el 22 de abril. Eso, si las autoridades mantienen la fecha pese a la crisis del coronavirus. Mientras, la oposición ha aplazado las protestas previstas debido a la pandemia y las restricciones de reunión impuestas por las autoridades.
Tras deliberar solo dos días, después de que el presidente Putin firmó las enmiendas el sábado, el alto tribunal ruso, con sede en San Petersburgo, ha dictaminado que el paquete de enmiendas a la Constitución es acorde con la ley fundamental, aprobada en 1993. Los jueces, que son nombrados por el Consejo de la Federación, en manos del partido oficialista, destacan que la modificación que permitiría a Putin volver a concurrir al poner su contador presidencial a cero ―en contra de la indicación actual que lo limita a dos mandatos consecutivos― es válida porque se prevé “solo con el apoyo del pueblo”. Un argumento en la misma línea del discurso del mandatario ruso, que alude a la necesidad de estabilidad en el país, siempre que los rusos le sustenten en las urnas.
Los cambios, propuestos de manera teatral y coreografiada el pasado martes por Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta en viajar al espacio de todo el mundo ―diputada pero no de carrera política y apreciada como heroína de la Unión Soviética―, ayudarán a consolidar el control de Putin (ahora en su cuarto mandato presidencial, no consecutivo) sobre la vida política y social en Rusia y podrían convertirlo en el líder más antiguo en la historia moderna de Rusia, superando al dictador Iosif Stalin.
La reforma sustancial ―y exprés―marca que Rusia es “heredera de la URSS”, menciona la “fe en Dios”, introduce alusiones a los rusos como “pueblo vertebrador del Estado”, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y señala la importancia de la educación patriótica, dibujando una Carta Magna más conservadora y de espíritu nacionalista. También enfatiza la prioridad de la ley rusa sobre las normas internacionales, una disposición que parece dirigida especialmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales que a menudo han emitido veredictos contra Rusia.
Los planes de Putin, de 67 años, para revisar la constitución han encontrado poca resistencia pública. Pese a que hace un mes miles de personas participaron en una marcha en homenaje al opositor Boris Nemtsov, asesinado hace cinco años, que se convirtió en una protesta de rechazo a la maniobra legal. Y es que la situación el país, en medio de la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus ―hay 93 casos confirmado ya en Rusia―, que ha derivado en restricciones severas para los eventos multitudinarios, y la guerra por los precios del petróleo, no son el mejor caldo de cultivo para la movilización social.
Pese a esto, cientos de personas han participado en protestas individuales en todo el país, los llamados piquetes solitarios, que tienen el objetivo de sortear la prohibición de manifestarse. Hay una cincuentena de detenidos por estas movilizaciones. Este fin de semana, un grupo de más de 400 artistas, periodistas, economistas, abogados o científicos han firmado una carta en repulsa a los planes de Putin que definen como “un golpe anticonstitucional ilegal en forma pseudolegal”.
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