Con la economía española y mundial desplomándose a su alrededor, la epidemia del coronavirus en plena expansión y los ciudadanos encerrados en sus casas y pendientes de cada movimiento —18 millones de personas vieron la comparecencia de Pedro Sánchez el sábado— la política española, incluida la oposición, optó ayer por un cierre de filas impensable hace solo tres días. Pablo Casado, líder del PP, cambió por completo su discurso después de hablar con el presidente, Pedro Sánchez. El líder popular mostró su disposición a apoyar todas las medidas del Gobierno y evitó cualquier atisbo de crítica. Incluso Santiago Abascal, líder de Vox, comprometió su respaldo a todas las medidas que se tomen. Abascal sí pidió la dimisión de la vicepresidenta Carmen Calvo y del responsable del centro de emergencias y gran asesor científico en la crisis, Fernando Simón.

España sigue la estela de Italia en casi todo: en la propagación de la enfermedad, en las medidas drásticas tomadas hasta ahora y también en el cierre de filas paulatino alrededor del Gobierno, el gran protagonista de las decisiones, con comparecencias constantes en las que ofrece datos cada vez más inquietantes —hay ya 9.191 casos y 329 fallecidos— y toma medidas cada vez más restrictivas. El Ejecutivo sugirió ayer que el estado de alarma se irá más allá de los 15 días previstos. Y España cerró sus fronteras: en línea con los socios de la UE, restableció los controles de las fronteras terrestres, que solo podrán atravesar los españoles o residentes y el tráfico de mercancías.

Las reuniones telemáticas con responsables políticos españoles y europeos y las decisiones se suceden a un ritmo frenético en La Moncloa y en los ministerios, mientras el virus avanza también a toda velocidad en España, que ya es el segundo país del mundo con más contagiados nuevos diarios, solo superado por Italia, y el cuarto en infectados totales, con China y Corea a la cabeza. Estos últimos dos países empiezan a controlar la situación; Italia y España aún están lejos de lograrlo.

Ante esas cifras, Sánchez buscó ayer apoyos políticos. El presidente ha hablado dos veces con Pablo Casado en los últimos 10 días, desde el agravamiento de la crisis. Sánchez mantuvo una ronda con los portavoces de todos los grupos para anunciarles que comparecerá el miércoles en el Congreso —la Constitución obliga a informar inmediatamente al Parlamento del estado de alarma y a votar una más que probable prórroga— y pedirles unidad. El formato de la comparecencia aún no está claro. El PSOE y Unidas Podemos habían pensado en una representación muy reducida, con la presencia solo de los portavoces, pero algunos grupos de la oposición como Ciudadanos reclamaron que sea telemática. El problema es que el reglamento no contempla una reunión completamente telemática. El Gobierno y el Congreso trataban ayer de resolver estas cuestiones legales.

Esa será la primera ocasión para que la oposición, que hasta ahora había mantenido posiciones muy duras, en especial el PP y Vox, traslade sus críticas directamente al Ejecutivo. Desde el agravamiento de la crisis, la semana pasada, la actividad del Congreso, que tiene a varios diputados y trabajadores contagiados, ha sido reducida al mínimo.

Giro de Pablo Casado
Sin embargo, el PP dio ayer un giro importante. El sábado, Casado acusó al Gobierno de negligencia dolosa y dijo que su retraso en tomar decisiones facilitó la expansión del virus. Ayer, tras hablar con Sánchez, el líder del PP ofreció su apoyo a todas las medidas que sea necesario aprobar para combatir el virus. Y lanzó un mensaje de unidad, a diferencia de sus cuatro comparecencias anteriores. “Ahora cada minuto cuenta en vidas humanas y por eso es importante que todos rememos en la misma dirección. Estamos todos juntos en esto”, señaló.

Casado reclamó que el Gobierno asista a las comunidades autónomas que piden material de protección para sus empleados sanitarios. Y le comunicó a Sánchez que apoyará también las medidas económicas “para que la crisis económica no derive en una crisis social”. El líder del PP también pide un fondo de 100.000 millones para ayudar a empresas y autónomos a afrontar los efectos de las medidas de prevención.

La gran preocupación ahora, además de frenar el virus, son las consecuencias económicas. Los responsables económicos del Gobierno —tanto del sector socialista como el de Unidas Podemos— negociaban anoche contrarreloj las medidas que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros y que supondrán un “escudo social” similar al que están aplicando en otros países. Se persigue dar liquidez a las empresas para que no cierren —y facilidades para despedir temporalmente—, y ayudar a los ciudadanos que se están quedando sin empleo o sin ingresos.

Hay muchas medidas encima de la mesa —ayudas directas, contador a cero para los que se vayan al paro para que no pierdan meses de prestación mientras dure la crisis, moratorias en el pago de hipotecas o alquileres para quien no puede hacerles frente— pero hay también discusiones intensas, que se han producido durante toda la semana, para ver las dimensiones del paquete, su coste y su posible financiación, porque el Estado español tiene muy poco margen de maniobra fiscal y necesita el respaldo europeo.

El Gobierno asume que la crisis será larga —el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha apuntado que será necesario ampliar los 15 días del estado de alarma— y ahora busca soluciones para que los ciudadanos más expuestos puedan soportarla. Lo bancos centrales volvieron ayer a quedarse cortos y los mercados siguieron en pánico: la Bolsa española cayó de nuevo a plomo, el 7,8%. Las medidas de hoy tratarán de aplacar ese miedo: el de los mercados y el de los ciudadanos.

elpais

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