Nada resiste al coronavirus. Ni la salud ni la economía ni la política. Cada decisión parcial para intentar aplacarlo poco a poco se queda vieja en horas. La pandemia está paralizando la economía europea, y en España ha tomado tal velocidad que todo ha cambiado de forma radical en la última semana. El domingo, el feminismo y el Gobierno, convencido aún de que la epidemia estaba bajo control, se manifestaban de forma festiva; el lunes todo dio un vuelco y este viernes, en un nuevo giro, Pedro Sánchez anunciaba que este sábado volverá a reunir al Consejo de Ministros, por tercera vez en una semana, para decretar el estado de alarma durante al menos 15 días, una medida que solo se ha aplicado una vez en toda la etapa democrática y que permite limitar temporalmente la circulación de personas, pero no los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con 132 muertos y más de 5.100 infectados, España es ya, después de Italia —con 1.266 muertos— el epicentro de la crisis en Europa.

Solo 24 horas antes, en otro Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno decidió esperar ante de tomar una decisión tan drástica, que reclamaba la oposición y parte del Ejecutivo. Este viernes, mientras las críticas arreciaban y Portugal tomaba una medida similar sin un solo muerto, Sánchez y un reducido grupo de ministros decidieron dar el salto. Las consecuencias prácticas del estado de alarma se delimitarán este sábado con un paquete de medidas de limitación de movimientos y también de ayudas económicas para los miles de afectados por la pandemia, que amenaza a una economía dependiente del turismo. España no ha terminado de recuperarse de la Gran Recesión: 10 años después del estallido de aquella crisis, la deuda pública que roza el 100% del PIB, el paro es aún altísimo para la media europea (14%) y el déficit se sitúa en el 2,4% y tiene visos de crecer a toda velocidad. Si el bloqueo por el coronavirus se prolonga y arruina la temporada de verano, el Estado tendrá que hacer frente a una situación delicada para proteger a trabajadores y empresas.

El Gobierno quiere despejar la posibilidad de una recesión, pero nadie puede ya descartarla. Tal como pedía Sánchez, Bruselas ha dado más margen para gastar con paquetes de estímulo, frente a la austeridad que desde 2010 terminó de hundir las economías del sur de Europa. Tanto Bruselas como Berlín, también afectada por la pandemia aunque de manera más contenida, lanzaron claros mensajes de flexibilidad ante el parón general de la demanda, que está castigando a los mercados. Nada de eso estaba en los radares de los Gobierno europeos, mucho menos aún del español, una inédita coalición PSOE-Podemos que apostaba por una política económica expansiva y una devolución de derechos a los trabajadores a través de un contrarreforma laboral.

Después de haber optado el jueves por cierto gradualismo, que justificó porque era lo que recomendaban los expertos, Sánchez no escatimó dramatismo. “Estamos en la primera fase del combate contra el virus. Nos esperan semanas muy duras. No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana”, aseguró el presidente, que esta vez no admitió preguntas, y por tanto no explicó por qué no tomó esta decisión el día anterior. En la cita de este sábado se adoptarán medidas más drásticas, que anoche se ultimaban con múltiples reuniones. El giro del Gobierno es evidente, también en el tono: “La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos, pero la victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad”, clamó Sánchez.

Mientras el Gobierno ultimaba sus medidas, Cataluña sorprendió al filo de las nueve de la noche anunciando el confinamiento de toda la población. Varias autonomías tomaron decisiones drásticas. Madrid, el agujero negro del coronavirus español, donde se concentran la mitad de los contagiados (este sábado superó los 2.000) y fallecidos (86) endurecía las suyas. Después del cierre de colegios, de parques y de terrazas, este sábado lo harán, por orden del Gobierno autonómico, todos los comercios con la excepción de los de alimentación y primera necesidad. Dos días después de que el Gobierno central pidiera reducir a un tercio el aforo de cines, teatros, discotecas o gimnasios, el Ejecutivo regional las cierra por completo. Restaurantes, cafeterías y bares cerrarán pero podrán servir comida a domicilio o venderla para que se consuma fuera. Seguirán abiertos los centros de alimentación de todo tipo, las farmacias, las gasolineras, los estancos y los quioscos. Madrid, y probablemente pronto el resto de España, se parece así cada vez más a Italia, a pesar de que el Gobierno confiaba en no tener que llegar a este extremo.

El estado de alarma podría ser el instrumento legal para retrasar las elecciones vascas y gallegas. Sánchez habló con representantes de todos los partidos para avanzarles la decisión y este sábado por la tarde dirigirá una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos. En la conferencia de presidentes estará también Quim Torra, que vuelve a ese tipo de actos multilaterales después de años de ausencia de la Generalitat. Hasta eso ha cambiado el coronavirus, que ha llevado la política española a una especie de estado de excepción. Aún así, hay algo que se mantiene: la distancia entre el PSOE y el PP. Pablo Casado compareció para anunciar que apoya la declaración del estado de alarma e incluso su prórroga, pero criticó al Ejecutivo por “negligencias” como permitir y apoyar la manifestación del 8-M e ir “por detrás de los acontecimientos”.

En los últimos días ha habido intensos debates en el Gobierno, según fuentes de varios del Ejecutivo, sobre la necesidad de ir más lejos en algunas medidas. Los ministros de las áreas económicas eran partidarios del gradualismo, según las mismas fuentes, por las consecuencias económicas y sociales que tiene cada medida extrema. Otros (encabezados por Pablo Iglesias y José Luis Ábalos) apostaban por llegar al máximo de restricciones cuanto antes. La decisión final se tomó en el Comité Interministerial, en el que estaban, vía telemática, además del propio Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la vicepresidenta Carmen Calvo, Iglesias, y los ministros José Luis Ábalos, María Jesús Montero, José Manuel Rodríguez Uribes, Arancha González Laya y Fernando Grande-Marlaska. Sánchez ha insistido públicamente en que todas las decisiones se toman en función de lo que recomiendan los expertos, en especial Fernando Simón, que en todo momento han sido más cautelosos y han propuesto adecuar las medidas a las dimensiones alcanzadas por el contagio sin ir a las máximas desde el principio.

La gran incógnita ahora es cuánto durará la crisis y qué efectos dejará. España cerró 2019 con un crecimiento del 2%, y el Ejecutivo preveía una ligera desaceleración, hasta el 1,5%, para este año. Pero el contagio global y sus efectos en España han dejado muy viejo ese escenario. Los expertos apuntan que la economía española podría llegar a entrar en recesión a lo largo del segundo trimestre, en función de la evolución de los contagios, de las medidas tomadas y de cómo funcione el plan de choque anunciado por Pedro Sánchez, con un estímulo de 18.200 millones entre liquidez, créditos baratos y fondos para incrementar el gasto sanitario en las comunidades. Ninguno de los cálculos de hace una sola semana valen ya para nada. Y el propio Sánchez no descarta ya tener que tomar más medidas. La etapa del gradualismo ha terminado. Ahora viene lo más duro.

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