El encubrimiento de un caso de acoso sexual en su consejería, y la guerra abierta entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en un clima preelectoral acabó ayer forzando la dimisión del consejero de la Generalitat Alfred Bosch (ERC). Sin clemencia, sus socios de JpC, y el propio presidente Quim Torra, arremetieron desde primera hora de la mañana contra Bosch a raíz de la publicación de un reportaje periodístico en el que se aseguraba que el consejero de Exteriores mantuvo como jefe de su gabinete a un hombre señalado por «acoso sexual» y trató de recolocarlo cuando fue forzado a dimitir por su partido.

Ya desde el principio se vio que la polémica tendría recorrido cuando, primero, la Consejería de Exteriores confirmaba los hechos, destapados por el diario «Ara», y, segundo, JpC comenzaba a disparar contra Bosch, que tras su paso por el Ayuntamiento de Barcelona aterrizó en Exteriores en noviembre de 2018. Los republicanos reconocieron que el alto cargo en cuestión, Carles Garcias, tiene suspendida cautelarmente su militancia y está siendo objeto de una investigación interna por «comportamiento sexista».

El presidente señala
A primera hora diputados del grupo de Junts pidieron sin más la cabeza del consejero republicano, mientras que el presidente Torra también tomó cartas en el asunto y ayer por la mañana convocaba de urgencia a Bosch a una reunión de la que salió un duro comunicado. Según informó el gobierno catalán, el presidente le pidió explicaciones y le reprochó la «no activación» del protocolo existente en el Govern para evitar este tipo de situaciones. El consejero de Administración Pública, el neoconvergente Jordi Puigneró, se sumó a los reproches a Bosch y ordenó activar la inspección de servicios de personal y cargó contra el republicano por no informar antes de la situación.

Aunque la polémica se alimentó y creció en clave de guerra interna en el seno del independentismo, lo cierto es que los detalles que se conocen del caso plantean un proceder por parte del consejero Bosch como mínimo cuestionable. Según trascendió, el consejero de Exteriores trató de recolocar a su mano derecha ascendiéndole a director general de Relaciones Institucionales tras conocer que había quejas de hasta ocho empleadas de Exteriores contra él. Todas ellas describían distintas situaciones «machistas», así como «insinuaciones» que, no obstante, no se concretaron en ninguna denuncia. Desde ERC, su portavoz, Marta Vilalta, defendía a Bosch por la mañana y sostuvo que actuó de forma «contundente» en el caso. Con todo, concedió Vilalta, «quizás se podría haber actuado de otra forma y mejor al tener conocimiento del caso». Según se publicó, Garcias presionaba a las trabajadores del departamento con mensajes, comentarios, insinuaciones constantes y peticciones para quedar a solas. Pese a la angustia que su comportamiento generó, particularmente sobre una de las trabajadoras, no se denunció el caso a la Policía, y todos los casos fueron tratados de manera interna.

Cuando el caso llegó al partido y obligaron a Bosch a cesar a Garcias, el consejero se negó aduciendo que no había denuncias contra su jefe de gabinete. Tras el inevitable cese, Bosch intentó recolocarlo como director general -algo que el consejero niega-, una «patada hacia arriba» que ERC abortó pese a que el nombramiento llegó a plasmarse por escrito en un documento interno de la consejería. Al anunciar su renuncia al puesto a través de las redes sociales, la primera respuesta que obtuvo Garcías fue la de Bosch: «Ha sido un gran placer y un aprendizaje común. Gracias, seguimos cerca». Fuentes de ERC consultadas por ABC, sin restar gravedad al caso denunciado, atribuyeron las reacción desde JpC a un claro intento de desgastar la relación entre ambos partidos.

A excepción de ERC, las críticas a Bosch llegaron desde todos los partidos. La diputada neoconvergente Aurora Madaula apuntó que «el acoso es un delito, no un asunto interno que ha de resolver un partido político». También la oposición de PSC y Comunes se sumó a las críticas. Los socialistas pidieron explicaciones mientras que los morados reclamaron «compromiso» para expulsar el machismo de las instituciones. Para Lorena Roldán (Cs) «si esto se confirma, estaríamos ante un caso grave por el que exigir responsabilidades políticas».

abc

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