El mes pasado en la inauguración de la primera escuela cívico-militar de São Paulo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se cuadró ante el crío que dio el toque de corneta. Aquello era una broma, pero si todos sus ministros militares siguieran en activo, el capitán retirado Bolsonaro tendría que cuadrarse ante casi medio gabinete. Tras la reciente incorporación de otro general, nueve de los 23 ministros proceden de las Fuerzas Armadas. El Gabinete es, de todos modos, el escaparate de un proceso mucho más amplio que está tiñendo de verde oliva la Administración de Brasil.

Una victoria en las urnas le dio a Bolsonaro, un político notorio por ensalzar la dictadura brasileña (1964-1985) y a dictadores como el chileno Pinochet o el paraguayo Stroessner, un poder que nunca tuvo en el ejército que incluye nombrar a cientos de altos cargos para decenas de instituciones y organismos públicos. Una parte notable de los elegidos por el mandatario y sus ministros son antiguos compañeros de filas, militares de carrera, retirados o en activo. El recién estrenado ministro de la Casa Civil, el general Walter Braga Netto, ha llegado a ese importante puesto de coordinación entre los miembros del Gabinete desde la subjefatura del Ejército. El portavoz de la Presidencia también tiene galones de general. Bolsonaro entró en el ejército a los 18 años y, aunque llegó a estar preso por exigir mejoras salariales, consiguió evitar la expulsión y mantiene un enorme apego a la institución.

En los últimos meses han ido llegando uniformados a otros cargos menos expuestos al escrutinio público que el ministro de la Casa Civil o el portavoz presidencial pero de gran relevancia, como las cúpulas de Correos, la Fundación Nacional del Indio (Funai), la hidroeléctrica Itaipú, la Zona Franca de Manaos, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que entre otras tareas mide la deforestación, o de organismos medioambientales, entre otros. A quienes dirigen estos organismos hay que sumar otros muchos asesores repartidos por aquí y por allá que son o eran uniformados.

En la polarizada política de Brasil preocupa esta catarata de nombramientos de militares unida a los constantes cortes de mangas del presidente (literales, dos en las últimas semanas) a valores básicos en una democracia como los contrapesos institucionales o una prensa libre.

Bolsonaro volvió a animar a sus seguidores este sábado, antes de despegar hacia EEUU para reunirse con el presidente Donald Trump en Florida, a sumarse a una manifestación convocada para el próximo domingo 15 en la principal avenida de São Paulo que, según él, es “un movimiento proBrasil” y “no antiCongreso o anti Poder judicial”. No obstante, voces destacadas entre los convocantes están animando a los bolsonaristas a llenar la Paulista para reclamar que el presidente tenga manos libres para gobernar ante lo que consideran maniobras del Congreso y del Tribunal Supremo para ponerle zancadillas. Unas palabras captadas recientemente a uno de los ministros generales, Gustavo Heleno —“no podemos dejar que esos tipos nos chantajeen todo el tiempo, que se jodan”— han enrarecido aún más el ambiente mientras las redes bullen de rumores, falsedades o medias verdades.

El académicos Marco Antonio Teixeira, de la Fundación Getulio Vargas, es crítico con la decisión de colocar a militares en cargos públicos civiles al margen de si algunos de los nombrados tienen currículos más o menos acordes a los puesto. “Tenemos un Gobierno democráticamente elegido en un ambiente democrático que ha optado por una línea de apoyo político y de imagen muy parecida a la de una institución militar”, explica por teléfono este especialista en Administración Pública. Cuando, recalca, “gobernar significa negociar”.

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad es un buen ejemplo de este desembarco, inédito desde que los militares devolvieron el poder a los civiles en 1985. Bautizado en honor a Chico Mendes, uno de los ambientalistas más famosos de Brasil, un activista por los derechos de los trabajadores del caucho asesinado en 1988, la misión de este organismo gubernamental es proteger los miles de kilómetros cuadrados legalmente reconocidos como reservas ambientales y los ecosistemas que albergan. Cuando en abril del año pasado la cúpula del organismo dimitió en el enrarecido ambiente creado por el radical cambio de política medioambiental, el ministro Ricardo Salles colocó a cinco policías militares al frente de Instituto Chico Mendes. De distintas graduaciones, todos proceden de São Paulo, donde trabajaron en fiscalización ambiental con Salles, que entonces era el secretario estatal de Medio Ambiente.

El especialista Teixeira recuerda que, en los 35 años transcurrido desde el fin de la dictadura en Brasil, los ministros militares han sido raros, incluso al frente del Ministerio de Defensa. Recuerda que Dilma Rousseff, represaliada por la dictadura, fue la primera en nombrar un uniformado para el puesto. A su juicio, “los intereses de los militares entorpecen la acción del Gobierno porque llevan sus intereses corporativos al centro del debate”.

Aunque los recortes presupuestarios para los ministerios también han afectado a Defensa, los miembros de las Fuerzas Armadas han conservado buena parte de sus privilegios porque lograron que la reforma general de las pensiones, indispensable para frenar la sangría de las cuentas públicas, les dejara al margen. El Gobierno les hizo una ley separada por la que, a diferencia del resto de los funcionarios, logran seguir sin edad mínima de jubilación y, al retirarse, mantienen el salario íntegro. Con los jueces y diputados, los uniformados (que incluye también a los policías militares y bomberos militares) están entre los sectores más privilegiados de Brasil.

elpais

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