“Fin de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”. Más de un año después de que Juan Guaidó lanzase este órdago a Nicolás Maduro, el chavismo sigue en el poder, la protesta social ha perdido fuelle y una votación presidencial con las condiciones de la oposición venezolana es un espejismo. Pero la crisis social y política y la renovación del Parlamento, prevista para este año, han llevado a las fuerzas opositoras a explorar con el Gobierno una vía que permita elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) más equilibrado e ir a las urnas.
Con prudencia y entre recelos, si el proceso sale bien, comenzará la cuenta atrás hacia la consecución de ese “hecho político real” al que apelan figuras opositoras como el excandidato presidencial Henrique Capriles. Esto es, una competencia electoral transparente. Si sale mal, será la enésima fractura interna entre quienes demandan un cambio de régimen.
Pese al discurso público de Guaidó que, como presidente de la Asamblea Nacional opositora, mantiene la necesidad de un debilitamiento de Maduro para forzar su salida, y a las voces más radicales de la oposición que aún no han aparcado una opción militar, el poder legislativo ya ha dado el primer paso. Se trata de la formación de una comisión que recibirá las propuestas de los candidatos a ocupar uno de los cinco puestos de la cúpula del tribunal electoral, ahora dominada por el oficialismo. El objetivo es que haya diputados de todo el espectro político de la Asamblea Nacional, incluido el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la reciente disidencia opositora, según anunció el exvicepresidente del Parlamento Stalin González, dirigente de Un Nuevo Tiempo, un de los partidos intregrados en el grupo opositor mayoritario, el llamado G4, en el que también se encuentra la formación de Juan Guaidó.
González participó en las conversaciones auspiciadas el verano pasado por Noruega para intentar pactar una salida a la crisis política y social que mantiene paralizado el país. Este dirigente, que nunca perdió el contacto con la cúpula del chavismo, es uno de los políticos que más apuesta por lograr un pacto, en la medida en que la mayor parte de la oposición recuerda que el fin último sigue siendo una salida electoral. “Estamos haciendo todo lo posible para lograr un acuerdo”, mantuvo. “Escepticismo”, no obstante, es la palabra que más se repite entre sus socios.
La enorme desconfianza que genera en la oposición cualquier hipótesis de diálogo con el Gobierno no ha acabado de romper, al menos por el momento, los delicados equilibrios internos. A diferencia de otras ocasiones, y pese a las históricas fricciones, los distintos líderes opositores consultados se aferran en insistir en que hay más unidad que nunca. De entre los grupos que forman la oposición mayoritaria (ese G4), hay dos más reticentes a un acuerdo con el chavismo. Se trata de Voluntad Popular, la formación de Leopoldo López y Guaidó, y Primero Justicia, el mayoritario. Sin embargo, estas formaciones no planean de momento intervenir para torpedear el proceso.
La comisión encargada de analizar las postulaciones para la renovación del CNE espera el juramento del pleno de la Asamblea Nacional, que de facto se rompió el pasado 5 de enero entre los fieles a Guaidó y los seguidores del disidente Luis Parra, expulsado por corrupción del partido Primero Justicia y sancionado por EE UU por autoproclamarse presidente del Parlamento.
Pero más allá de la formalidad del juramento, hay un acuerdo tácito, según fuentes parlamentarias, para abrir la negociación entre el chavismo y la junta directiva de Guaidó, que sigue siendo reconocido como presidente encargado por más de 60 países. El hecho de que todo gire en torno a la renovación del CNE no es un tecnicismo. “Hay un moderado optimismo, una de las cosas cruciales para lograr unas elecciones más o menos confiables, tiene que ver con cambiar el árbitro”, señala Luis Lander, miembro de la ONG Observatorio Electoral Venezolano. “Cambiar la cara al CNE permite recuperar algunos niveles de confianza en el voto, después de todas las elecciones mal hechas y atropelladas, cargadas de irregularidades, que se han hecho desde 2015”.
En diciembre de ese año la oposición ganó las elecciones parlamentarias, aunque el Tribunal Supremo acabó despojando a la Cámara de sus competencias en 2017, lo que generó una oleada de protestas y una crisis institucional que todavía no se ha resuelto. Pero al margen del CNE, el mayor debate de fondo tiene que ver con qué tipo de elecciones pactar. En diciembre corresponde celebrar legislativas, que el chavismo promueve con empeño, para intentar sacar del juego a la oposición aglutinada en torno a Guaidó.
Pero la votación que todos los partidos opositores reclaman desde hace años es la presidencial, después de rechazar en su mayoría participar en los comicios de 2018, que se convocaron tras unas conversaciones fallidas en República Dominicana. De ahí que aboguen por unas súper elecciones: presidenciales y parlamentarias. Aquí reside el mayor punto de fricción interna, en la medida en que varias fuentes aseguran que no transigirán con unos comicios que no incluyan un posible relevo de Nicolás Maduro. De consumarse, la oposición quedará dividida y el chavismo se garantizaría el triunfo y con una mayor legitimidad que en 2018.
Mientras tanto, Guaidó intenta aumentar la presión convocando movilizaciones en la calle. Llamó a participar en una gran marcha prevista para este martes, lo que supone su primer gran movimiento en el tablero después de su gira internacional. En su entorno admiten que recobrar la fuerza de las marchas del año pasado no será sencillo. El mayor temor, como resumía uno de sus aliados esta semana, es: “Que nos arrope la desesperanza y se pierda la convicción de que un cambio es posible”.
La fórmula 2-2-1, un camino para unas elecciones transparentes
Para entender el complejo proceso de la composición del órgano electoral venezolano, hay que tener en cuenta que tres de los cinco cargos que lo conforman se escogen entre las propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil, uno sale de los nombres propuestos por las facultades de Derecho del país y el quinto rector viene de los postulados por el llamado Poder Ciudadano —la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República—, que controla Nicolás Maduro.
La oposición quiere garantías de que, si cada parte contará con dos rectores afines, el quinto, independiente, sea elegido de mutuo acuerdo (la llamada fórmula 2-2-1) para no tener una balanza desequilibrada como punto de partida.
Cambiar el árbitro no es, sin embargo, la única tarea pendiente para lograr unas elecciones parlamentarias transparentes. Hay otras cuestiones que tienen que negociarse. La que más preocupa a algunas figuras relevantes de la oposición es quién aprobaría ese hipotético nuevo CNE. Según las fuentes consultadas, el chavismo plantea que haya un acuerdo entre el grupo de Juan Guaidó y el del disidente opositor Luis Parra. La negativa es rotunda porque implicaría reconocer una dualidad que no consideran legítima.
En cualquiera de los casos este procedimiento tiene por delante el reto de lograr la aprobación de los dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional: 112 diputados. Actualmente ni Guaidó, que controla la bancada mayoritaria, cuenta con ellos.
Otro aspecto que será objeto de negociación son las garantías sobre cómo quitar la inhabilitación de los principales partidos de oposición y de sus candidatos, caso de Henrique Capriles o de Leopoldo López, que permanece en la Embajada de España después de ser liberado el 30 de abril del año pasado por militares disidentes del arresto domiciliario al que estaba sometido desde julio de 2017; la revisión del registro electoral y la inclusión de los votantes en el extranjero, donde ya hay más de 4,8 millones de venezolanos que migraron en busca de oportunidades y para huir de la crisis política y económica que azota al país, según el cálculo de Naciones Unidas.
Para algunas facciones de la oposición, no debe haber un acuerdo parcial, sino que todo debe estar pactado, y en este sentido, dudan que el chavismo lo vaya a aceptar. “Ir a unas elecciones sin garantías, para perderlas, como ocurrió en las de gobernadores en 2017, es suicida”, recordaba un alto dirigente opositor esta semana. En noviembre pasado un sondeo de la encuestadora Delphos revelaba que solo el 57,9% de los venezolanos tenía intención de votar.
La disposición parece haber mejorado con el comienzo de año, al igual que la valoración sobre Guaidó. Una encuesta de Datanálisis de febrero encargada por Bloomberg señala que el 82,6% de los venezolanos dice que la oposición debe participar en las elecciones parlamentarias. Sin embargo, el 40,6% quiere que se celebren legislativas y presidenciales este año, mientras que el 40,3% solo quiere unas presidenciales en 2020.
elpais
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